La Cámara Federal había ordenado verificar el origen y la autenticidad de las grabaciones. El nuevo magistrado a cargo del expediente cambió el criterio que había mantenido Sebastián Casanello.
El juez Ariel Lijo ordenó peritar los audios clave y abre un nuevo capítulo en la causa.
El juez federal Ariel Lijo ordenó peritar los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, que habrían revelado un presunto entramado de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La decisión marca un giro en la causa, ya que hasta ahora las grabaciones no habían sido incorporadas como prueba central.
Según fuentes judiciales, el magistrado, a cargo del Juzgado Federal N°11, encomendó a la Gendarmería Nacional la realización de un análisis técnico para determinar el origen, autenticidad y posibles manipulaciones de los audios.
El objetivo del estudio es establecer si los registros fueron alterados o editados, incluso mediante el uso de inteligencia artificial. Lijo ordenó “arbitrar los medios necesarios” para confirmar si hubo adulteraciones o si el material es genuino.
La medida responde a un reclamo previo de la Cámara Federal, que había exigido verificar la validez de los audios en medio de las denuncias de las defensas.
Hasta ahora, tanto el juez Sebastián Casanello como el fiscal Franco Picardi habían evitado utilizar las grabaciones en la investigación. La decisión apuntaba a evitar que una eventual nulidad contaminara toda la causa, bajo la doctrina del “fruto del árbol envenenado”.
Sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal, integrada por Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, cuestionó esa postura y ordenó avanzar con la verificación de los audios. Ante ese escenario, Lijo decidió cambiar el rumbo y avanzar con la pericia, anticipándose a un nuevo fallo del tribunal de alzada.
El expediente principal investiga presuntas irregularidades en la ANDIS, mientras que en paralelo tramita otra causa por supuesto espionaje ilegal que involucra también a figuras del Gobierno.
En ese contexto, la defensa de Spagnuolo, a cargo de los abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, había presentado un informe técnico que sostiene que existe un 65% de probabilidades de que la voz haya sido modificada con inteligencia artificial.
La pericia de Gendarmería será clave para definir el futuro de la causa. Si se confirma la autenticidad de los audios, podrían convertirse en una prueba determinante. En cambio, si se detectan manipulaciones, la investigación podría enfrentar un escenario complejo en términos procesales.