De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, varias empresas simulaban competir entre sí en compulsas de precios, cuando en realidad actuaban coordinadamente para garantizar adjudicaciones previamente pactadas con funcionarios del organismo.
La investigación, impulsada por el fiscal federal Franco Picardi y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, detectó erogaciones por más de $75.478 millones.
Según la acusación, esos fondos públicos habrían beneficiado a un reducido grupo de empresarios vinculados a la provisión de medicamentos, insumos médicos y productos de alto costo y baja incidencia.
Ante la magnitud del presunto fraude, Lijo dispuso la inhibición general de bienes de los imputados y de las empresas involucradas.
La medida busca evitar eventuales maniobras de vaciamiento patrimonial y garantizar la posibilidad de recuperar activos para el Estado en caso de confirmarse las irregularidades.
A continuación se presentó a declarar Daniel María Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud que administraba el Programa Incluir Salud, y que en los hechos era el “número dos” de la ANDIS. Tanto él como Spagnuolo están procesados en este expediente, decisión que se encuentra bajo revisión de la Cámara Federal porteña.
Garbellini llegó al juzgado minutos después de las 11, y también se negó a declarar. Las defensas preparan descargos escritos que serán incorporados a la causa en los próximos días.
El período investigado
La causa abarca presuntas maniobras cometidas entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, cuando la ANDIS dependía del Ministerio de Salud.
Durante ese período, según la acusación, se habría montado una estructura de acuerdos indebidos entre funcionarios y proveedores privados para direccionar contrataciones millonarias.