El extitular de ANDIS decidió no declarar este martes ante la Justicia en una causa que investiga supuestas maniobras de corrupción, cartelización y desvío de fondos públicos.
Empezaron las indagatorias en la causa ANDIS con la declaración de Diego Spagnuolo
La Justicia federal avanza sobre una de las investigaciones por corrupción más resonantes de los últimos tiempos. El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, se presentó este martes en los tribunales de Comodoro Py, donde fue citado a indagatoria en el marco de la causa que investiga el manejo de fondos del organismo. Ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, el exfuncionario optó por no declarar.
Luego es el turno de Daniel María Garbellini, quien se desempeñó como segundo al mando en el organismo. El cronograma continuará con Miguel Ángel Calvete y Andrés Horacio Arnaudo en las próximas jornadas.
Según la resolución judicial, la causa investiga un presunto esquema de licitaciones direccionadas y cartelizadas dentro de la ANDIS.
De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, varias empresas simulaban competir entre sí en compulsas de precios, cuando en realidad actuaban coordinadamente para garantizar adjudicaciones previamente pactadas con funcionarios del organismo.
La investigación, impulsada por el fiscal federal Franco Picardi y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, detectó erogaciones por más de $75.478 millones.
Según la acusación, esos fondos públicos habrían beneficiado a un reducido grupo de empresarios vinculados a la provisión de medicamentos, insumos médicos y productos de alto costo y baja incidencia.
Ante la magnitud del presunto fraude, Lijo dispuso la inhibición general de bienes de los imputados y de las empresas involucradas.
La medida busca evitar eventuales maniobras de vaciamiento patrimonial y garantizar la posibilidad de recuperar activos para el Estado en caso de confirmarse las irregularidades.
La causa abarca presuntas maniobras cometidas entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, cuando la ANDIS dependía del Ministerio de Salud.
Durante ese período, según la acusación, se habría montado una estructura de acuerdos indebidos entre funcionarios y proveedores privados para direccionar contrataciones millonarias.
