La ex funcionaria apeló su procesamiento, negó tener vínculos con las droguerías investigadas, sostuvo que el dinero ya estaba en el departamento cuando se mudó y que pertenecía a familiares y socios.
Ornella Calvete apeló su procesamiento y dijo que los USD 700.000 hallados en su casa no eran suyos.
La ex funcionaria del Ministerio de Economía Ornella Calvete apeló el procesamiento dictado por el juez federal Sebastián Casanello en la causa que investiga presuntos direccionamientos y retornos en compras de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En su presentación judicial, aseguró que los casi USD 700.000 secuestrados en su domicilio no le pertenecían y que el dinero ya se encontraba en la vivienda cuando ella se mudó.
El planteo fue realizado por su abogado, Fernando Manzanares, quien cuestionó la resolución judicial y pidió que la Cámara Federal revise el caso. La defensa sostiene que la imputada no tuvo dominio ni uso de los fondos encontrados durante el allanamiento.
El dinero fue descubierto en un operativo realizado en un departamento ubicado en la calle México 55, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante el procedimiento, la Policía incautó USD 695.457, $19.996.200 y 1.960 euros, que estaban guardados en una cajonera.
Según el descargo, Calvete desconoce el origen exacto de ese efectivo y afirmó que nunca dispuso de los billetes para uso personal. En su apelación, remarcó que el dinero estaba bajo llave y que ella no lo manipuló.
La ex funcionaria detalló que la mayor parte del dinero, unos USD 600.000, habría sido reclamada por una accionista de la empresa INDECOMM SRL, firma constituida por su padre, Miguel Ángel Calvete. Otra porción correspondería a su pareja, Javier Cardini, quien también fue desplazado de su cargo en el Palacio de Hacienda tras el estallido del escándalo.
En tanto, una tercera parte sí sería propia, aunque bajo el concepto de una donación realizada por su padre mediante escritura pública, según la versión de la defensa.
La investigación judicial se inició tras la difusión de audios atribuidos al ex director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se mencionaba un presunto esquema de coimas dentro del organismo. Aunque la validez de esas grabaciones es discutida, el juez Casanello y el fiscal Franco Picardi señalaron que existen pruebas independientes.
A comienzos de mes, la Justicia avanzó con 19 procesamientos, entre ellos Spagnuolo, el médico Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete y su hija.
Uno de los puntos centrales de la apelación es la explicación sobre la presencia del efectivo en la vivienda. Calvete relató que en marzo de 2025 dejó de viajar desde Escobar hacia su trabajo en el ministerio que conduce Luis Caputo y consultó a su padre por una propiedad disponible en la Ciudad.
Inicialmente se mudó a un monoambiente en el edificio Ala Río, pero luego pasó a un departamento más amplio en la misma torre, donde convivió con su pareja.
Según el descargo, antes de la mudanza su padre le advirtió que había dejado dinero y objetos personales en una cajonera bajo llave. El hombre atravesaba entonces una compleja situación judicial en otra causa por explotación económica de la prostitución ajena, expediente por el cual permanece detenido.
La defensa aseguró que Calvete respondió que no tenía intención de utilizar esos fondos.
Para respaldar su postura, la defensa aportó conversaciones de noviembre de 2025 en las que se mencionaba una falsa alarma sobre un posible allanamiento. En esos mensajes, la ex funcionaria consultó a su padre si la empresa tenía “cash blanco”, ante la presencia de policías en el edificio.
Según la apelación, pese a ese temor, el dinero nunca fue movido y permaneció en el mismo lugar hasta el allanamiento definitivo realizado en octubre de ese año.
El expediente también analiza la presunta influencia de Calvete en el sector de las droguerías. La imputada negó cualquier vínculo con la firma de Ruth Noemí Lozano, pese a que la Justicia detectó mensajes en los que afirmaba: “De Profarma no nos van a cagar porque es mi viejo”. La defensa sostuvo que la ex funcionaria no es empleada ni accionista de esa empresa.
El Ministerio Público Fiscal considera que Calvete habría utilizado su cargo para beneficiar intereses privados, mediante la entrega de información privilegiada y la contratación de personas cercanas a su padre, entre ellas Lozano y Patricia Canavesio. La imputada rechazó esos cargos y afirmó que las designaciones se realizaron a través del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), un organismo en el que aseguró no tener influencia.
También explicó que el proyecto para importar urea desde Kazajistán era un plan privado para desarrollar cuando dejara la función pública.
La Cámara Federal deberá analizar los argumentos de la apelación y decidir si confirma o revoca el procesamiento. La resolución será clave para definir el futuro judicial de la ex funcionaria y el rumbo de la investigación sobre presuntas irregularidades en la ANDIS.
