Finalmente, el gobierno de Mauricio Macri reiteró su "respaldo al presidente Lenín Moreno y a los esfuerzos orientados a la preservación del Estado de derecho, el orden institucional y la pronta normalización de la vida económica, política y social en la República del Ecuador".
Desde el estallido del 1 de octubre, cinco personas murieron y al menos 800 resultaron detenidas en las múltiples protestas registradas en distintas ciudades del país contra la decisión de Moreno de eliminar un subsidio a los combustibles, lo que derivó en un fuerte aumento de los precios para los tipos de nafta de mayor consumo.
La gravedad de las protestas llevó a Moreno a declarar el estado de excepción e incluso a mudar la sede del gobierno a Guayaquil, a unos 400 kilómetros al sur de Quito.