Por su parte, el fiscal Luciani no solo pidió que Cristina Kirchner sea condena por asociación ilícita. También que por ese delito lo sean Báez, López y Periotti y que se revoquen las absoluciones de De Vido, Fatala y Garro.
“La contundente sentencia del Tribunal mostró de manera palmaria el acto de corrupción más grave de la historia de nuestro país desde el advenimiento de la democracia. Y esto lo decimos con profundo pesar porque, lamentablemente, es una realidad indiscutible”, expresó Luciani en su presentación y agregó que no entiende por qué no se condenó por asociación ilícita.
“No lo entendemos porque las gravísimas circunstancias fácticas comprobadas por el Tribunal se ajustan, sin mayores esfuerzos, a las exigencias del tipo penal de asociación ilícita. Para que se entienda bien, se trataba de un 'traje a medida' y la mayoría del Tribunal convirtió esta figura en un 'traje estrecho' o, peor aún, en un tipo penal prácticamente inaplicable para casos de corrupción en la Administración pública”, reforzó, al manifestar “inadmisible” que no se haya condenado por asociación ilícita.
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Cristina Kirchner pidió su absolución en la Causa Vialidad
La vicepresidenta Cristina Fernández apeló este lunes la condena dictada por el Tribunal Oral Federal número dos, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, en el marco de la Causa Vialidad.
Mediante un escrito de casi 400 páginas, firmado por sus abogados, Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, la defensa aseguró que “a lo largo del juicio quedo acreditada, en forma categórica, la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner”.
“Tanto fue así que el tribunal no tuvo más remedio que descartar las tres toneladas de prueba que la fiscalía decía tener en contra de nuestra representada, fundando la sentencia a partir de simples indicios y algunos papeles que a lo sumo deben pesar unos pocos gramos”, añadió el escrito.
Según la defensa, la titular del Senado “no resultó condenada ni por haber liderado una asociación ilícita, ni por haber parasitado las estructuras del Estado, ni por haber asignado ilegalmente obra pública a la provincia de Santa Cruz, ni por haber definido por sí misma las leyes de presupuesto del país ni por haber provocado un apagón informativo en el ámbito del Congreso de la Nación”.