Asimismo, en el texto presentado por la Procuración de la Ciudad, con la firma de María Cristina Cuello y con el patrocinio del Procurador Gabriel Astarloa, solicitaron que “se ordene el cese de los efectos del Decreto 735-PEN-2020 que, en forma manifiestamente inconstitucional por su ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, reduce unilateralmente el porcentaje de coparticipación en flagrante violación a derechos y garantías constitucionales que se invocan”, por lo que pidieron que “se recomponga la integralidad de los fondos del Tesoro Local que deben ingresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Con la convocatoria realizada por la Corte, donde instaron la presencia de representantes de la Nación y la Ciudad, los magistrados concretan el primer avance en la causa que involucra un recorte de unos 65.000 millones de pesos en los fondos porteños de coparticipación. Un hecho que marcó la finalización de la relación armónica entre ambos gobiernos, que se basó en las decisiones relacionadas con la pandemia.
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La convocatoria de la Corte Suprema a una audiencia conciliatoria entre Nación y Ciudad.