El diputado nacional Javier Sánchez Wrba (PRO) presentó un proyecto de ley para crear un Régimen de Accesibilidad a Medicamentos y Tratamientos Experimentales, destinado a personas con enfermedades terminales o gravemente limitantes. La iniciativa busca reducir la burocracia y permitir el uso de terapias innovadoras que no estén aprobadas en Argentina, siempre con consentimiento informado y respaldo médico.
Congreso
Diputados proponen un marco legal para que pacientes terminales accedan a tratamientos experimentales
Presentaron en Diputados un proyecto que busca garantizar la voluntad del paciente y facilitar el uso de terapias no aprobadas en el país.
Desde enero, la medicina privada volverá a cobrar un copago a pacientes por falta de financiamiento (Foto: NA).
El acceso estará reservado a pacientes mayores de edad que hayan agotado las opciones convencionales de tratamiento. Según el texto, la decisión deberá estar avalada por un médico habilitado y formalizada mediante un consentimiento informado, donde se detallen los riesgos y beneficios. Cumplidos estos requisitos, ni el Estado ni terceros podrán oponerse a la decisión del paciente.
El proyecto retoma una iniciativa impulsada previamente por el exsenador Esteban Bullrich, y se inspira en la normativa conocida como "Derecho a Intentar" (Right to Try), adoptada en Estados Unidos desde 2018. "Este proyecto reconoce la preeminencia absoluta de la voluntad del paciente y su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y su salud", señaló Sánchez Wrba.
Características del régimen propuesto
Entre los principales puntos del proyecto, se establece que los tratamientos elegibles deben estar autorizados en otros países o haber superado la Fase 1 de investigación clínica. La propuesta excluye estos tratamientos del Programa Médico Obligatorio (PMO) y aclara que no tendrán costo para el Estado. Además, se contempla la exención de impuestos y aranceles para facilitar su ingreso al país.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) deberá recopilar los resultados clínicos derivados del uso de estas terapias. Este mecanismo busca informar a futuros pacientes y aportar datos relevantes para una eventual aprobación en el país.
Otro aspecto del proyecto es la eximición de responsabilidad para los profesionales y laboratorios que participen en la administración de estos tratamientos. Asimismo, se garantiza el derecho a la objeción de conciencia para quienes decidan no intervenir.
"El régimen no pretende reemplazar el sistema de aprobación sanitaria vigente, sino cubrir un vacío normativo que afecta a pacientes sin opciones terapéuticas", explicó el legislador. Sánchez Wrba destacó que la medida permitirá evitar los costos y dificultades que implica el traslado al exterior en busca de tratamientos.
Los alcances del proyecto
El proyecto fue acompañado por la firma del presidente del bloque del PRO y varios legisladores más. Según sus impulsores, la iniciativa busca alinear a la Argentina con una tendencia global que reconoce el derecho de los pacientes a explorar alternativas en situaciones críticas.
El texto no modifica el marco regulatorio sanitario general, sino que introduce una excepción controlada para casos en los que no existen otras opciones. La regulación se centra en proteger la autonomía del paciente, sin desarticular los controles vigentes para el resto de la población.
En Estados Unidos, leyes similares han sido adoptadas por más de 40 estados. El proyecto argentino se plantea en línea con ese antecedente, pero adaptado a la realidad normativa local.
La discusión parlamentaria podrá determinar el alcance definitivo de una propuesta que apunta a habilitar nuevas vías terapéuticas en contextos de urgencia médica.
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