Por su parte, Lucía Cavallero, integrante del colectivo “Ni una menos”, expresó que “el punto de partida de la discusión es pensar que entre inquilinos, propietarios e inmobiliarias hay una relación desigual de poder y que no hay un interés común”.
“Debemos mejorar la protección de derechos de las inquilinas, ya que hay un problema de ingresos que afecta a las mayorías sociales”, resaltó.
A su vez, Natalia Ranzuglia, de la Red Inquilines Bonaerenses Tres de Febrero, remarcó que “cuando hablamos de viviendas hablamos de derechos humanos y de la vida de las personas, parece que nos olvidamos de eso”. “No es posible hablar en términos de mercado algo que pone en juego la vida y la salud de las personas”, sintetizó.