¿El atentado contra Cristina Kirchner corrió el límite entre la libertad de expresión y el delito?

Entonces ¿fue el atentado contra Cristina Kirchner lo que corrió el límite entre la libertad de expresión y el delito?

En los fundamentos que figuran en la instrucción del caso Revolución Federal, a la que tuvo acceso A24.com, sostienen que las conductas desplegadas por los imputados estarían encuadradas en el art. 212 del Código Penal (CP) que reprime con 3 a 6 años de prisión a quien “públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones por la sola incitación”; el art. 213 bis del C.P. que sanciona con 3 a 8 años “al que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.

Además menciona el art. 3 último párrafo de la ley 23.592 que contempla una pena de un mes a 3 años “para quien por cualquier medio aliente o incite a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.

El escrito del fiscal

El fiscal Policcita entendió que Revolución Federal es “una agrupación organizada y liderada por Jonathan Morel y Leonardo Sosa, que pretende imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor, llevando a las calles mensajes violentos con lemas adoptados como: “van a correr”, "todos presos, muertos o exiliados", "no vamos a cantar el himno. Vamos a exigir renuncias", "al kirchnerismo cárcel o bala", “no se quieren ir? Los vamos a sacar”, “que se vayan todos”, entre otros, replicados a la generalidad en distintos medios y redes sociales”.

Agregó que “incitaron a la violencia colectiva, alentando a la persecución y al odio, principalmente, aunque no únicamente, contra los más altos funcionarios públicos a cargo del Poder Ejecutivo Nacional y otras personas, todo lo cual fue, en sus términos, llevado a las calles mediante actos materiales concretos: manifestaciones, publicaciones en redes sociales, reuniones en distintos portales como Twitter o Whatsapp, y a través de conductas como los así llamados polentazos, escraches, ruidos o revientes”.

Por otra parte, el fiscal remarcó que realizaron “múltiples publicaciones intimidantes que en clara afectación al bien jurídico protegido por las normas en trato (tranquilidad o paz social), alentaron e incitaron a la persecución, al odio y a la violencia, principalmente, contra el partido político identificado como Frente de Todos, de sus funcionarios y personas afines, entre otras figuras públicas de otros partidos”.

Puntualizó que siete días antes de la tentativa de homicidio sufrida por la vicepresidenta publicaron: “Hoy por ejemplo veía como Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia. Lástima que a mí ya me conocen la cara, porque si no sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje… Yo te juro… Si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora, yo voy y te canto ahí la marcha peronista 7 días seguidos y en cuanto puedo paso a la historia, después me linchan, pero paso a la historia”.

Más allá de la descripción de los hechos, el fiscal Gerardo Pollicita opinó que “la actividad ilícita desplegada por la agrupación se encuentra contextualizada en un clima de violencia social que en la cronología de los eventos de público conocimiento fue escalando hasta su máxima expresión el pasado 1° de septiembre, ocasión en que tuvo lugar el intento de homicidio de la Vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández”.

Entre tanto, consideró que la prueba recolectada en su investigación “resulta superadora de la mera reunión circunstancial de personas a modo de protesta en los eventos que tuve oportunidad de detallar, excediendo el ejercicio de la libertad de expresión y el ámbito de reserva constitucionalmente amparado”.

Lo que algunos describen como un cambio de paradigma en Tribunales, tuvo su antecedente en el procesamiento que dictó el juez federal Daniel Rafecas -aunque sin prisión preventiva- sobre Claudio Pedro Herz, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de amenazas e incitación a la violencia colectiva. Recordemos que Herz es el hombre que el 21 de julio pasado, con un megáfono pronunció frases amenazantes contra Cristina Fernández de Kirchner durante una manifestación frente al Instituto Patria.

En ese fallo, Rafecas entendió que la conducta no podía entenderse como el ejercicio de la libertad de expresión, en tanto su abuso puede poner en riesgo otros bienes jurídicos también establecidos por nuestra Carta Magna, como son los derechos a la libertad y el orden público.

La causa contra Revolución Federal

Tanto Jonathan Morel como Sabrina Basile rechazaron los cargos por los cuales quedaron imputados en esta causa. En tanto, Leonardo Sosa y Gastón Guerra optaron por permanecer en silencio en el momento de la indagatoria.

Sus abogados coincidieron en que sus detenciones son el resultado de una “caza de brujas” sobre aquellos que se manifiestan en contra del gobierno.

Durante su declaración, Sabrina Basile dijo que se unió a Revolución Federal solamente para ejercer su derecho a protestar, y descartó que el grupo recibiera financiamiento para movilizarse.

Por su parte, Jonathan Morel descargó “no tengo la culpa de que un loco haya querido matar a la vicepresidenta”. En cuanto a su relación con “Caputo hermanos” insistió en que cobró dinero por trabajos de carpintería.

Las detenciones en la causa que investiga a la agrupación RF habían sido solicitadas por el fiscal Gerardo Policcita al juez Marcelo Martínez de Giorgi. El pedido incluyó procedimientos en los domicilios de Morel, Sosa, Guerra y Basile.

En el momento del requerimiento, Policitta indicó que había alcanzado un cuadro probatorio suficiente para corroborar que desde mayo de este año armaron una agrupación para alentar e incitar a la persecución y al odio contra determinadas personas a causa de sus ideas políticas, como por ejemplo: Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa Silvina Batakis y Victoria Donda.

En este sentido, remarcó que planificaron, coordinaron y difundieron distintos tipos de mensajes de odio, “escraches”, actos intimidatorios y manifestaciones, llegando a utilizar incluso antorchas en la vía pública arrojadas junto con bombas de estruendo contra la Casa de Gobierno, constituyéndose en “uno de los actores que sembraron en la sociedad la escalada de violencia y odio, cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la Vicepresidente de la Nación, el pasado 1° de septiembre".

A todo esto, Cristina Kirchner envió una carta a la justicia señalando que "es probable que el accionar del grupo no se limitase a amenazas, instigaciones y preparación de delitos en abstracto, sino que haya participado específicamente en el intento de atentado en mi contra".

El capítulo Caputo

Por el momento, la justicia no tiene elementos para imputar a los responsables de “Caputo hermanos”, ni a ninguno de los integrantes de la familia, por presuntos delitos relacionados con el accionar de Revolución Federal.

A pesar de eso, la empresa se presentó ante el juzgado federal número 8, que tiene la causa, para aportar documentación sobre los pagos millonarios que le hizo a uno de los fundadores de la agrupación, Jonathan Morel.

El abogado Matias Cúneo Libarona le explicó a A24.com que los accionistas de la compañía inmobiliaria son Flavio Luis Nicolás Caputo y Hugo Luis Pascual Caputo. Aclaró que ni el ex ministro de Finanzas de Mauricio Macri, Luis “Toto” Caputo, ni su primo Nicolás “Nicky” Caputo (amigo personal del ex presidente), tienen relación con la empresa.

Según la documentación que acercó al tribunal, “Caputo Hermanos” eligió como carpintero proveedor a Morel por razones de presupuesto. A través de Rossana Caputo le encargaron entre otras cosas 144 respaldos de cama, 144 mesas de luz, 144 bases de sommier, 144 colchones, 148 veladores, 60 mesas ratonas, 60 percheros, 60 racks de TV, 36 sillones de dos cuerpos y 24 mesas de comedor; para instalar en los proyectos de Espacio Añelo (Provincia de Neuquén) y Santa Clara Sur (Provincia de Buenos Aires).

Desde diciembre de 2021 hasta julio de este año abonaron a través de transferencias bancarias más de 10 millones de pesos a nombre de Morel y otros allegados que también realizaron tareas.

Recordemos que la semana pasada Jonathan Morel le dijo a A24.com “no me quedó un peso de todo lo que me pagó Caputo, me la tuve que gastar toda”.