Poder Judicial

El líder de Revolución Federal a A24.com: "No me quedó un peso de todo lo que me pagó Caputo"

Con una investigación judicial abierta, Jonathan Morel confirmó que recibió un pago millonario de los hermanos de un exfuncionario del gobierno de Macri ¿Coincidencia o financiamiento anti K?
Rosario Bigozzi
por Rosario Bigozzi |
Jonathan Morel de Revolución Federal (Foto: Revista Anfibia).

Jonathan Morel de Revolución Federal (Foto: Revista Anfibia).

Lo último es que la Unidad de Información Financiera (UIF) entregó a la justicia un informe confidencial, donde figura que Morel cobró una suma millonaria de una razón social que pertenece a la familia de Luis y Nicolás Caputo, ligados a Mauricio Macri.

Ante esto, Jonathan Morel, le confirmó a A24.com que recibió dinero de la empresa de Caputo, aunque aclaró que fue por el pago de un trabajo grande de carpintería. Aseguró que nunca lo vio, que solo trató con Rossana Caputo, y que se enteró pasado un tiempo sobre su relación de parentesco.

Morel indicó “no conozco a nadie, solamente a Rosi, no entiendo porque involucran gente que confíó en la mano de obra argentina, que ayuda a los pequeños emprendedores”.

Describió que es dueño de una carpintería que trabaja con madera maciza en Boulogne, en una calle muy transitada por donde pasó Rossana Caputo. Explicó que así se conocieron “me pidió un presupuesto, lo pasé, me pidió factura y demás. Cuando abrí mi negocio decidí que para competir tenía que aceptar tarjetas de crédito, entregar factura, por eso me contrató”.

Según él mismo relato, cumplido el primer trabajo Rossana le preguntó si conocía a alguien que hiciera mesitas de luz de madera. "Cuando no puedo tomar un trabajo lo tercerizo y me gano una comisión, eso hice con ella. Busqué colegas, pedí presupuesto, le mandé las ofertas y se terminó dando, pero la verdad ella sabía que no tenía la estructura y que no podía hacer el laburo, y que era una persona en quien podía confiar”.

El pedido incluyó 144 mesitas de luz, entre otros objetos para un hotel en Añelo, provincia de Neuquén. Presentaron muestras para que les aprobaran el trabajo, y a la hora de cobrar, Morel explicó que él facturó la parte de su comisión y el resto de los talleres y proveedores presentaron sus propias facturas.

En este sentido, le contó a A24.com, que todos facturaron “6 millones 906 mil pesos: 6 millones para el fideicomiso de Añelo, 770 mil de la instalación a cargo de cuatro personas en Neuquen, y 174 mil para la firma Santa Clara del Sur”.

Sobre los pagos detalló “no me quedó un peso de todo lo que me pagó Caputo, me la tuve que gastar toda”, es por eso que decidió enfocarse más a la carpintería y no salir por un tiempo a protestar hasta recuperar su negocio: “Me tiene mal pensar para que mierda me quejé, hice tanto quilombo”.

Comentó que “después de todo el esfuerzo, de haberme roto el culo y demás, solamente me pude comprar un teléfono y una computadora, olvídate de viajar, un auto o mudarte. Sólo pude pagar deudas, comprar el teléfono y una computadora”.

Jonathan Morel se presentó como “un pibe que tuve suerte y ganas, que salí de la Villa La Rana, con un padre falopero, esquizofrénico, chorro y una mamá soltera de 16 años, que no terminé la secundaria, que trabajo desde los 9 años y me rompí el culo toda mi vida”.

Dijo que aprendió carpintería por internet, pero no se ve como carpintero toda la vida, porque él se siente un emprendedor, un comerciante.

Sobre la banda que intentó matar a Cristina Kirchner expresó: “No conocemos a nadie, me parecen unos dementes”.

La investigación judicial sobre Revolución Federal

Jonathan Morel es el vocero de Revolución Federal que se inició este año en las redes sociales y terminó organizando escraches contra el oficialismo. Durante sus movilizaciones lanzaron antorchas contra la Casa Rosada y llevaron guillotinas falsas con carteles que decían “Al kirchnerismo, cárcel o bala” o “Todos presos, muertos o exiliados”.

Con este antecedente, tras el atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner, la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) los denunció por presunta instigación a cometer delitos, intimidación pública, apología del crimen, y alentar a la persecución o el odio contra una persona o grupo de personas a causa de sus ideas políticas.

La presentación incluyó audios de una transmisión en vivo por Twitter realizada el 26 de agosto de este año, bajo el título “hay que pudrirla?” en la que participaron Morel, y Franco Castelli, de 26 años.

La jueza federal Maria Eugenia Capuchetti no encontró motivos para asociar el intento de asesinato de la vicepresidenta con Revolución Federal, por lo que envió el expediente a sorteo para que la tome otro juzgado. Luego quedó en manos del juez Marcelo Martinez de Giorgi, quien consideró que debía volver a Capuchetti.

Finalmente, la Cámara Federal concluyó que eran dos temas independientes. En un fallo unipersonal el juez Mariano Llorens sostuvo que “las constancias hasta ahora reunidas en esta incipiente pesquisa, resultan insuficientes para sostener el vínculo pretendido y afirmar la conveniencia del trámite conjunto de los expedientes”. Asimismo, la querella que representa a Cristina Kirchner no opinó sobre el tema en los Tribunales.

Desde que el caso regresó con Martinez de Giorgi quedó bajo secreto de sumario. La instrucción la lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita que recibió un informe confidencial de la UIF, que advertiría que el fundador de RF, Jonathan Morel, facturó y cobró 1.760.000 provenientes de la firma Caputo hermanos. Este monto tan alto de dinero se reportó a las autoridades como una operación sospechosa ( ROS), que se derivó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Al filtrarse estos datos, Morel confirmó los pagos, pero lo atribuyó a un trabajo grande de carpintería por la fabricación e instalación de muebles de madera en un hotel de la familia Caputo en Neuquén.

En Tribunales destacan que más allá de las sospechas de los denunciantes, la justicia deberá encargarse de verificar si existen o no elementos para creer que los integrantes de RF hicieron negocios para financiar una agrupación extremista anti k, o simplemente se trató de una coincidencia.

Por ahora están pendientes los informes que la fiscalía encargó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Policía Federal Argentina (PFA), sin que ninguna de las personas o compañías denunciadas hayan sido notificadas de encontrarse bajo sospecha de un delito.