- El plan de suelo urbano contempla:
- Adquirir compra de terrenos en áreas consolidadas de las ciudades donde el propietario no haya desarrollado propuesta privada y la ofrezca al Estado para planes de desarrollo urbano en coordinación con los gobiernos locales. Se hará en el marco de los programas de Viviendas sociales Procrear a través de la financiación de un Fondo Fiduciario y el Banco Hipotecario.
- Areas no consolidadas urbanizables: El Estado adquerirá macizos para lotear terrenos con créditos individuales para construcción de viviendas.
- Propietarios de terrenos que han subdividido lotes y no tienen posibilidad de construir, los pueden ofertar en una plataforma junto al Banco Hipotecario para que otros privados, con créditos individuales para la construcción de viviendas se los compren. En este caso, el Estado facilita la compra y venta entre privados a través de créditos del Banco Hipotecario.
- Consorcios urbanísticos: El propietario sin desprenderse de la tierra se asocia con el Estado que invierte en la construcción de viviendas o loteo de terrenos. El privado podrá participar de reparto de utilidades entre propietario y el Estado nacional de viviendas que se venderán a través del plan Procrear II Casa Propia.
La polémica por la expropiación
Ferraresi salió a aclarar que no se trata de un plan nacional de expropiación, como cuestionaron sectores de la oposición que compararon al Gobierno con la situación de regímenes autoritarios como el de Venezuela, que se alzaron con la estatización y expropiación de la propiedad privada en general.
El ministro dijo que "se trata del Plan Nacional de Suelos con el que el Estado Nacional planea generar 30 mil lotes mediante acuerdos con provincias y municipios, mediante mecanismos de compra del Estado Nacional, o inversión conjunta con el sector privado. Solo en casos de terrenos abandonados, activarían la expropiación de terrenos considerados abandonados.
Ferraresi salió a defender la cuestionada ordenanza aprobada sobre tablas esta semana en su distrito, Avellaneda, en el conurbano bonaerense, y comparó que otro distrito como General Pueyrredón, donde se ubica Mar del Plata, gobernado por un intendente opositor de Juntos por el Cambio.
"La ordenanza de Avellaneda es similar a una que sacó Mar del Plata y tenemos visiones muy distintas. Se trata de planificar.La ordenanza avanza sobre sectores abandonados de la ciudad, así que se queden tranquilos todos los vecinos de la Argentina que tienen su propiedad y tienen su terreno para poder construir", insistió Ferraresi.
El Gobierno aclaró que "no hay inconstitucionalidad porque todos esos procesos salen por ley de expropiación, por la aplicación de una ordenanza municipal y en general, las leyes salen con aportes de los gobiernos locales. Es un proceso que existió toda la vida y se aplica desde 1977".
En la misma línea, se analizan la aplicación de leyes similares de expropiación en las provincias de La Rioja y de Chaco, dijo Ferraresi que llamó a "desarrollar consorcios urbanísticos con la inversión asociada entre sector público y privado".
En la misma línea, dijo que llegaron a acuerdos para la liberación de terrenos de las centrales gremiales como la CGT y la CTA, para que trabajadores gremiales accedan a la casa propia con financiación del Banco Hipotecario.
El secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, agregó que "el mundo desarrollado más allá de la ideología, el suelo es un bien escaso. Esas regulaciones también existen en EE.UU., en el Reino Unido y en los Países Bajos".
"Nos quieren tildar de inconstitucionales pero no hay nada de inconstitucional, esto figura en el Código Civil y Comercial reformado hace 5 años en Argentina dice que el derecho de dominio se va a regular de acuerdo a disposiciones administrativas que ejercen los gobiernos locales, en este caso, los municipios", agregó Scatolini.