Un decreto de Javier Milei modificó la Ley 26.075 y excluyó al Estado nacional como parte activa de la paritaria. Ahora, la negociación queda en manos de las provincias y los gremios.
La Ciudad le dará una suma de hasta 60 mil pesos a los docentes que no hayan faltado a clases en el primer semestre del año (Foto: Gobierno de la Ciudad).
El presidente Javier Milei firmó un decreto que elimina la participación del Estado nacional como parte activa en la paritaria docente. El Decreto 341/2025 establece que el Ministerio de Capital Humano dejará de intervenir en las negociaciones laborales de los maestros y desde ahora, el diálogo quedará circunscripto al Consejo Federal de Educación y los gremios docentes con representación nacional.
La modificación afecta al artículo 10 de la Ley 26.075, que hasta ahora obligaba al Estado nacional a intervenir junto a las provincias y los sindicatos para acordar el calendario escolar, el salario mínimo docente y otras condiciones de trabajo. A partir del decreto, la Secretaría de Educación solo podrá refrendar o rechazar los acuerdos "en función de la disponibilidad presupuestaria".
El Gobierno justificó la medida como parte de su plan de desregulación, orientado a reducir funciones estatales consideradas innecesarias. En el texto del decreto se señala que se busca “optimizar la eficiencia del gasto público” y evitar la superposición de roles, dado que las provincias son las empleadoras directas de los docentes.
Hasta esta decisión, el Ministerio de Educación de la Nación coordinaba las negociaciones, estableciendo junto a los gremios y el Consejo Federal un piso salarial docente a nivel nacional. Con el nuevo esquema, el Poder Ejecutivo nacional se retira de esa mesa, aunque conserva la posibilidad de vetar acuerdos que impliquen erogaciones presupuestarias fuera de su alcance.
Los sindicatos pierden una instancia directa de negociación con el Gobierno nacional, y deberán canalizar sus demandas a través del Consejo Federal de Educación, un órgano donde tienen peso las provincias pero no el Ejecutivo nacional. Esto cambia completamente la naturaleza de las discusiones salariales.
El decreto se apoya en las facultades otorgadas al presidente por la Ley 27.742, que declaró la emergencia pública en diversas áreas y habilita al Poder Ejecutivo a modificar competencias asignadas por ley sin pasar por el Congreso. Esa norma fue clave para avanzar con esta modificación sin intervención legislativa.
El Decreto 341/2025 fue publicado este martes en el Boletín Oficial y entró en vigencia de manera inmediata. Conforme a la Ley 26.122, la validez del decreto deberá ser evaluada por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso. La medida profundiza la línea de acción del Gobierno de Javier Milei, que busca reducir la injerencia del Estado nacional en asuntos que considera de competencia exclusiva de las provincias.
