Un fiscal pidió la indagatoria de diez oficiales y suboficiales que estuvieron en la guerra. Soldados denunciaron que tuvieron frío y hambre extremos y castigos inhumanos por procurarse comida.
“Las torturas en Malvinas fueron una práctica generalizada a la que fueron sometidos los conscriptos por parte de las autoridades militares como una forma de ‘controlar’ los problemas vitales que generaba entre la tropa la falta de distribución de víveres y abrigo. La falta deliberada de alimentos por la no distribución fue la causa directa de las muertes de algunos solados”.
El fiscal federal de Río Grande, Tierra del Fuego, Marcelo Rapoport, hizo lugar a tres nuevas denuncias de excombatientes de la guerra de 1982 que sufrieron estaqueos y otras formas inhumanas de disciplina por parte de sus mandos en las islas como castigos por procurarse comida para subsistir.
El dictamen del fiscal cita el “Informe Operaciones Atlántico Sur Buque Hospital ARA Alte. Irizar” –un documento oficial- en el que un teniente coronel afirma textualmente: “A mí se me murieron soldados de hambre en Puerto Howard”.
Los ex combatientes chaqueños Lorenzo Justo Ledesma, Juan Carlos Galloso y Horacio Raúl Bernal se sumaron así a la “causa madre”, en la que otros conscriptos que pelearon contra las fuerzas armadas británicas están a la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema para saber si los acusados serán finalmente sometidos a juicio.
Rapoport pidió la indagatoria de diez oficiales que tuvieron roles de mando durante el conflicto: Diego Alejandro Soria, Ricardo Mario Cordon, Clemente Eduardo Pécora, Jorge Echeverría, Jorge Julio Chaud; Carlos López Paterson, Jorge Rubén Farinella, Alejandro César Moughty, Orlando Ernesto González y Rafael Barrientos.
“A través de la prueba reunida, podemos afirmar que las víctimas de esta causa sufrieron de una serie de mortificaciones y padecimientos que, por su intensidad y contexto, provocaron un dolor físico y moral que encuadra en la figura de tormentos”, subrayó el fiscal.
“Estas prácticas lesivas como el estaqueamiento (sic) que aquí se imputa, si bien son ilegales, no son nuevas dentro de las Fuerzas Armadas argentinas. En efecto, se implementaban estos métodos para hacer cumplir sanciones de calabozo cuando las fuerzas se encontraban en campaña”, recordó.
Las denuncias por torturas de los mandos militares a soldados que combatieron en las islas tomaron estado judicial en 2006. Como los hechos ocurrieron en 1982, para un delito común la imputación hubiera estado prescripta. Pero la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, calificó los delitos como “de lesa humanidad” y, por lo tanto, imprescriptibles.
Esa decisión se mantuvo hasta que en mayo de 2021 una sala de la Cámara Federal de Casación consideró, en un caso testigos, que las torturas denunciadas no constituían delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, la acción penal se había extinguido por el paso del tiempo.
Ese fallo fue apelado por la fiscalía y por el Centro de Ex Combatientes (CECIM) La Plata.
Desde entonces, la sentencia está en la Corte Suprema, a la espera de un pronunciamiento definitivo. Entretanto, la jueza Borruto resolvió congelar el expediente hasta tanto aguardar ese pronunciamiento del máximo tribunal para continuar –o no- con la investigación.
Independientemente de esa situación procesal, más soldados describieron sus padecimientos.
Para el fiscal Rapoport, “tanto la oficialidad como los suboficiales decidieron el sometimiento de la tropa mediante el hambre y los tormentos aplicados como castigo”.
“Desde la cúpula de las estructuras militares asentadas en las islas se implementó un método ilegal orientado a contener a la tropa ante los abrumadores problemas de planeamiento en la recuperación de las islas, que consistió en infligir torturas y otros tratos inhumanos a los soldados conscriptos que, ante el hambre que generaba la falta de comida —exacerbada por la carencia de abrigo que permitiera paliar el intenso frío—, decidieran procurarse alimentos por sí mismos, ya sea robando alimentos de los almacenes o cazando animales”.
Los soldados que fueron descubiertos recibieron castigos que la fiscalía consideró “torturas” pero que oficiales acusados calificaron como “sanciones” disciplinarias, propia de la estructura de mando de una fuerza militar.
En su pedido de nuevas indagatorias, el fiscal Rapoport replicó: “Debe tomarse dimensión acerca de que las ‘sanciones’ por las alegadas indisciplinas —cuyo objeto era procurarse alimentos en un contexto de hambre y desnutrición—, consistían en colocar al sujeto atado de pies y manos, desprovisto de abrigo en temperaturas extremas, algunas veces cubierto por una manta, en una posición de peligro y vulnerabilidad absoluta, incluso durante bombardeos y, como regla, así quedaba durante toda su detención”.
“Otra de las sanciones consistía en obligar a los soldados a sumergirse en pozos inundados de agua helada con temperaturas que llegaron a los 18 grados bajo cero, mojados, bajo la nieve, sin la indumentaria adecuada, e incluso muchas veces se les exigía que se quitaran abrigo para empeorar el padecimiento”.
Terminada la guerra –sostiene la acusación- los mandos militares desplegaron una maniobra para ocultar lo que había ocurrido en Malvinas: “se obligó a los soldados a firmar documentos en los que se comprometían a guardar silencio.
Además se hizo seguimiento de soldados y agrupaciones de veteranos que realizaron denuncias”.
El pedido del fiscal parece destinado a la misma situación de espera que el resto de las denuncias: un pronunciamiento de la Corte Suprema que sigue demorándose en llegar.
