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El fantasma del default, entre la apuesta de Macri y la flauta de Alberto

por Esteban Talpone | 29 de septiembre de 2019 - 00:25
El fantasma del default, entre la apuesta de Macri y la flauta de Alberto
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Lacunza en el FMI

La Argentina es hoy un país en un limbo político, con un gobierno con casi nulas posibilidades de reelección y otro aún no electo. Esta situación encuentra como único antecedente otra que se registró en 1989, cuando Carlos Menem fue elegido como sucesor de Raúl Alfonsín varios meses antes del traspaso de mando. En aquella oportunidad la anomalía se resolvió con la entrega del poder en forma anticipada. Hoy apenas puede resolverse con la piedad de los organismos financieros internacionales y la paciencia social.

Es, ni más ni menos, una punzante irregularidad del sistema político argentino, derivada de una clase dirigente que ha sabido conservar sus prerrogativas antes que tomar decisiones para prevenir el tsunami que puede significar la estallido de una nueva crisis de deuda, devaluación, inflación y ¿corralito?.

Hernán Lacunza, el principal funcionario de una gestión definitivamente averiada, experimentó durante la semana pasada el costo de esa indefinición, al reclamar ante los representantes del Fondo Monetario Internacional el desembolso de los últimos 5.400 millones de dólares.

El ministro de Hacienda no pudo destrabar la liberación de esos fondos, claves para esta administración y para la próxima. Sin embargo, cuando se encontraba frente a una derrota casi segura, supo alzarse con un digno empate.

Por un lado, obtuvo la promesa de continuar las negociaciones a partir del 14 de octubre en Washington. Por otro, también logró la primera foto con la designada titular del organismo, la búlgara Kristalina Georgieva.

Al mismo tiempo, en una resolución que fue escasamente valorada, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo ratificaron la ejecución de los créditos acordados, por así 3.000 millones de dólares, cuando muchos ya los daban por caídos.

En este marco, hay dos noticias, una mala y una buena: la primera, es que el muy importante veredicto que el FMI debe anunciar sobre el futuro de la Argentina quedó postergado para luego del 27 de octubre y tal vez para más allá del 10 de diciembre. La segunda, es que el mundo, una vez más, evitó soltarnos la mano.

El gobierno apostó todo a este resultado, que aparece como tibio pero que era el mejor al cual podía aspirar. Tanto es así que el propio Mauricio Macri se presentó personalmente a la reunión con David Lipton y Alejandro Werner en Nueva York.

En Washington, donde en los voceros financieros pronosticaban una catástrofe, se evaluó que el trato hacia los representantes argentinos fue de “amabilidad y cautela”. Todos quieren comprobar qué pasará en las próximas elecciones y evaluar las señales que pueda emitir el probable próximo presidente, Alberto Fernández.

Y, mientras tanto, el candidato peronista va emitiendo señales como el flautista de Hamelín. Desde Córdoba, a donde fue en busca del apoyo de un electorado esquivo, coincidió con el gobierno (¿sin proponérselo?) al hablar sobre el camino a emprender frente a la crisis de la deuda.

La propuesta de Fernández, “una salida a la uruguaya”, se parece bastante al proyecto de “reperfilamiento” que descansa en el Congreso sin chances de ser tratado en lo inmediato,

El oficialismo y la oposición parecen ahora, sorpresivamente, estar de acuerdo en apoyar la estrategia de una reprogramación negociada de los próximos vencimientos, sin quita de capital ni intereses.

La única voz disidente al respecto fue la del rebelde Carlos Melconian, curiosamente exfuncionario macrista y uno de los consejeros económicos de Alberto, quien ya salió a advertir que “si no hay quita de la deuda, será pan para hoy y hambre para mañana”.

Pero el problema, básicamente, radica en que los argentinos no somos uruguayos.

Esa irreparable circunstancia se traduce nada mas y nada menos que en la incapacidad de la clase política para alcanzar un acuerdo global que le permita al país, independientemente del resultado que pueda alcanzar la renegociación de la deuda, recuperar la confianza y devolverle la expectativa a mercados e inversores.

Confianza y expectativa serán dos palabras claves en el futuro cercano, porque se convertirán en sinónimos de acuerdo e inversiones.

Lo que hizo Uruguay, tras el impacto de la crisis argentina del 2001, fue antes que nada tomar la decisión de evitar la cesación de pagos (¿hemos los argentinos tomado esa decisión?) y abrir una “negociación amigable” con sus acreedores, con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. El resultado fue una adhesión del 93% de los bonistas.

Ese plan le permitió a nuestros vecinos, rápidamente, volver a los mercados y emitir nueva deuda. También comenzar a apreciar su moneda, recuperar el crecimiento y activar la llegada de inversiones.

La primera gran inversión que Uruguay recibió tras aquel acuerdo fue la construcción de la planta de celulosa en la localidad de Fray Bentos, frente a Gualeguaychú, que dio lugar al inédito y recordado conflicto con nuestro país.

Hoy, al margen de los acontecimientos históricos y del debate por el impacto en el medio ambiente, esa planta exporta 1,3 millones de toneladas por año, rumbo a Europa y Asia. Recientemente, la compañía UPM anunció la inversión de otros 2.700 millones de xólares en otra planta de celulosa de eucaliptus en la localidad de Durazno.

“Uruguay ha demostrado una visión consistente a largo plazo en el desarrollo de las condiciones necesarias para atraer la inversión extranjera, construyendo las bases para el desarrollo industrial”, sostuvo la firma finlandesa al realizar el anuncio.

Carlos Steiner fue director de la Unidad de Gestión de la deuda pública uruguaya y tuvo a su cargo la reestructuración de vencimientos. “Siempre Uruguay cumplió sus compromisos”, sostiene este ex funcionario. En el mismo sentido, señala lo que puede ser el núcleo duro del asunto: “Lo que hay que hacer es cerrar lo que está generando el problema, que es la brecha fiscal”. En otra palabras, el gasto público.

De eso casi no se está hablando en esta campaña electoral, a excepción de algunas expresiones aisladas y minoritarias. Y es en ese punto donde aparecen las dudas sobre el futuro más o menos inmediato de la Argentina. ¿Está la dirigencia política argentina dispuesta a tocar sus propios intereses?

Los indicios, en ese sentido, parecen ser negativos.

Un ejemplo mínimo, aunque necesario: durante la última semana se conoció que el reciclado senador Fernando “Pino “Solanas, ahora candidato a diputado, le reclamó a la Cámara alta del Congreso Nacional que imprima 1.000 ejemplares de un libro con el balance de su gestión entre 2013 y 2019. La solicitud fue declarada de interés público por la vicepresidenta, Gabriela Michetti.

La erogación, como es obvio, no representa una suma considerable. Pero el pedido del legislador opositor y su convalidación por parte de Michetti no dejan de sorprender en un país que atraviesa una situación alarmante.

El economista Roberto Cachanovsky destacó que el Senado nacional, al cual pertenecen Solanas y Michetti, registra un gasto en personal equivalente a 196 millones de euros anuales. Y lo comparó con España, donde el costo es de apenas 25 millones de la misma moneda. “Es el negocio del poder”, opinó Cachanovsky.

En un país cuyo gasto político supera holgadamente al de naciones europeas mientras los estratos sociales registran ingresos a niveles similares a los países africanos, el próximo Presidente encontrará dificultades para recuperar la confianza y la credibilidad, lograr un acuerdo que permita espantar el fantasma del default y convencer al mundo de que esta vez tenemos un plan serio.

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