La Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto este miércoles el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa Seguros y dispuso que se dicte un nuevo fallo.
El máximo tribunal penal dejó sin efecto la acusación contra Alberto Fernández por negociaciones incompatibles y ordenó dictar una nueva resolución.
Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández y ordenó dictar un nuevo fallo en la causa Seguros. (Foto: archivo).
La Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto este miércoles el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa Seguros y dispuso que se dicte un nuevo fallo.
La resolución fue tomada por la Sala IV del máximo tribunal penal federal, en el expediente en el que Fernández había sido acusado por presuntas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, según consta en el fallo.
La mayoría que dejó sin efecto el procesamiento estuvo integrada por los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo. El ex presidente había acudido a la Cámara Federal de Casación Penal para pedir la nulidad de las acusaciones en su contra, que podían llevarlo a enfrentar su primer juicio oral por corrupción.
La causa se inició a partir de una investigación periodística y derivó en el procesamiento de Fernández por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.
El expediente reúne distintos elementos bajo análisis judicial, entre ellos un decreto firmado por el ex mandatario, decenas de contratos, la intervención de intermediarios del sector seguros, el pago de comisiones millonarias, la participación de una cooperativa que habría operado como financiera y un posible direccionamiento de contratos. Todo esto fue encuadrado por la Justicia como una presunta “estructura criminal” orientada a desviar fondos públicos.
Según la acusación, las comisiones pagadas a intermediarios en contratos entre organismos estatales, bajo sospecha de irregularidades, alcanzaron los $3.364.522.944.
En una instancia previa, el 23 de febrero, la Sala IV de Casación —integrada por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky— había confirmado los procesamientos de diez personas vinculadas al esquema investigado en torno a Nación Seguros y la intermediación de brokers.
Los delitos bajo investigación incluyen administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles, ejes centrales del expediente.
En ese contexto, la situación de Fernández quedó bajo revisión en el máximo tribunal penal, señalado como el principal implicado en el entramado de comisiones y presuntos favoritismos hacia el broker Héctor Martínez Sosa, quien concentró el 59,6% de las comisiones.
La revisión se habilitó luego de que la defensa cuestionara el proceso y planteara que debían ser escuchados testigos propuestos por el ex mandatario, tal como había señalado previamente el fiscal de Cámara, José Luis Aguero Iturbe.
La defensa sostuvo que la confirmación del procesamiento había sido “arbitraria”, con una interpretación errónea de la ley y con vulneración de garantías constitucionales, como el "derecho al debido proceso y a la defensa en juicio".
Ese planteo fue respaldado por dos de los jueces de la Sala IV, quienes señalaron que no existía controversia entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal, "ya que ambos habían pedido revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito".
En esa línea, Borinsky afirmó que la decisión del tribunal de apelaciones “implicó resolver en exceso de la pretensión acusatoria y afectó el principio acusatorio, el contradictorio y el debido proceso”.
Cuando el caso llegó a Casación, el fiscal general Raúl Pleé rechazó los argumentos de la defensa y consideró que no había fundamentos suficientes para revisar la confirmación del procesamiento.
Sin embargo, los camaristas entendieron que ese dictamen no resolvía el problema, al señalar que no aportaba razones concretas para apartarse de la postura previa del Ministerio Público y que se basaba en argumentos generales.
Por su parte, Carbajo coincidió en que la resolución de la Cámara de Apelaciones había ido más allá de lo planteado por la acusación, lo que lo llevó a acompañar el voto de Borinsky.
Finalmente, los jueces concluyeron que correspondía anular el procesamiento por corrupción contra Alberto Fernández y devolver el expediente al tribunal de origen para que dicte un nuevo fallo.
