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Dalbón cuestionó con dureza a la Corte Suprema: “No hay nadie que dude de que fue una condena política y no jurídica. Ni siquiera pidieron el expediente antes de fallar. Se sacaron de encima la causa sin entrar al fondo de la cuestión”.
El letrado sostuvo que, conforme al Pacto de San José de Costa Rica, la CIDH podría recomendar la anulación del juicio, y recordó que las decisiones de ese organismo son “vinculantes desde 2020”.
"Vamos a seguir consiguiendo que las organizaciones no gubernamentales, y algunas gubernamentales, que defienden los Derechos Humanos se expresen para solicitar una revisión, la recomienden, en virtud de las violaciones a casi todos los tratados que están en el Inciso 22 del 75 de la Constitución Nacional, que son los tratados de Derechos Humanos", anticipó el abogado.