Pero a nadie escapa en el oficialismo que Rodríguez Sáa, Zamora y Capitanich “dicen lo que piensa Cristina”. Le hablaron al Presidente de “inacción”, “gradualismo” y pidieron más “shock”, en una comparación odiosa en la cual sobrevoló el nombre de Mauricio Macri como ejemplo de lentitud. Pusieron como ejemplo, que el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, podría verse obligado a pagar sueldos con “patacones”.
En aquel encuentro estaban, además, Axel Kicillof (Buenos Aires), Omar Perotti (Santa Fe), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), y Sergio Ziliotto (La Pampa). Luego hubo un acto público al que se sumaron Omar Gutiérrez (Neuquén, MPN) y Gerardo Morales (Jujuy, de la UCR), que no son peronistas.
También se quejaron de Santiago Cafiero. “Le atribuyen a Santiago que no resuelve problemas y tiene poca experiencia de gestión”, señaló una alta fuente a A24.com. Esa idea tiene origen en Cristina Kirchner, su hijo y diputado Máximo Kirchner, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Kirchnerismo puro.
Algunos presionan para que el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, sea el próximo jefe de Gabinete. “Pero cuanto más presionen, Alberto más respaldará a Cafiero, su alter ego”, dicen en la Casa Rosada. Sin embargo, el viernes Alberto Fernández desautorizó las declaraciones del miércoles anterior de Cafiero, que había contemplado una “actualización” de tarifas para después de junio, cuando vence el congelamiento, y “para quienes lo puedan pagar”.
Desde el entorno de Cafiero atribuyeron el contrapunto a errores de la prensa, supuestamente presionada por las privatizadas, y dijeron que Cafiero nunca había dado por cierto el aumento, sino que dijo que se podría estudiar una actualización, algo que también habían anunciado los ministros de Producción, Matías Kulfas, y de Transportes, Mario Meoni. Pero Alberto fue tajante: “No está en estudio”. Fin del debate.
Luego, se pudo saber que Cristina Kirchner, vicepresidenta, Máximo, su hijo, y Kicillof tienen dos premisas muy firmes:
- No debe haber aumento de tarifas lisa y llanamente.
- Si no hay una quita muy grande con los acreedores privados, el Gobierno debería ir a un default. Y tener en mano recursos para hacer populismo.
Ambas afirmaciones no son compartidas por el Presidente. Pero sus declaraciones apuntaron a morigerar los reclamos internos del kirchnerismo duro. Con tanto fuego amigo, el Presidente teme que se rompa el Frente de Todos, su principal sostén político. De todos modos, el titular del Banco Central, Miguel Pesce, le envió señales al kirchnerismo al decir que “el default es posible” aunque se trabajará para acordar una quita. Y Martín Guzmán desdramatizó el default ante la cúpula de la UIA y la CGT el miércoles en la Casa Rosada. Sería una estrategia negociadora.
Previo a eso hubo choques por dos debates entre si existen o no “presos políticos” (como dice el kirchnerismo) o “detenciones arbitrarias”. Y sobre la “quita” que pidió Cristina a la deuda con el Fondo, algo que Fernández no está dispuesto a hacer. El contrapunto llegó a un nivel de sordidez que la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica) salió a denunciar una intención de controlar la Justicia y “erosionar” el poder del Presidente.
El santiagueño Gerardo Zamora también acarrea otro enojo: le habían prometido el cargo de presidente de la Asociación Nacional de Aviación Civil (Anac) para el vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de su provincia, Carlos Lugones Aignasse. El hombre renunció a su puesto y vino a Buenos Aires para asumir. Pero el ministro de Transportes, Mario Meoni, le dijo que no estaba su cargo. En su lugar nombraron a Paola Tamburelli.
La Casa Rosada le prometió ahora empoderar aún más a Claudia Ledesma, a quien Cristina Kirchner había nombrado presidenta provisional del Senado.
La pelea por las tarifas está cruzada por otra: las discrepancias entre el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, albertista, y su secretario de Energía, Sergio Lanziani, ultra kirchnerista que fue respaldado por el Instituto Patria cuando estuvo a punto de irse hace tres semanas.
Algunas versiones indican que el kirchnerismo duro quiere designar a dos técnicos K en entes reguladores: Federico Bernal al frente del Enargas y a Federico Basualdo en el ENRE. Pero Kulfas los estaría demorando. Y no pocos le atribuyen a la Casa Rosada intenciones de reemplazar a Lanziani.
“El Presidente busca dar señales al kirchnerismo para fortalecer sus posiciones, pero el peronismo no es bifronte eternamente”, dicen al lado del Presidente. Más tensiones en puerta: Alberto Fernández sostiene que el proyecto de intervención federal del Poder Judicial de Jujuy que presentó el senador Guillermo Snopek “es una locura” y “no se tratará en el Congreso”. Busca la liberación inmediata de Milagro Sala, otro reclamo K.
En medio de eso, el miércoles último, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, le dio una señal a Hugo Moyano, jefe de Camioneros, y un gesto de hostilidad al kirchnerismo. Intervino por pedido judicial el sindicato de recolección de basura de Córdoba (Surrbac), cuyos titulares, Mauricio Saillen, y Pascual Catrambone, están detenidos desde agosto por lavado de dinero, asociación ilícita, usura y defraudación en una causa que instruye el juez federal Ricardo Bustos Fierro. Es un sindicato kirchnerista paladar negro. Néstor y Cristina Kirchner le habían dado la personería gremial en 2010 en plena pelea con Moyano, que quedó enfrentado al Surrbac.
El interventor será Alberto Ricardo Ramón Simón. Pero quienes controlan el sindicato son los hijos de Saillen, Franco y Juan. El primero de ellos fue candidato a diputado nacional y ambos hicieron la campaña de Alberto en Córdoba. En un fuerte discurso, Juan Saillen dijo con tono amenazante en una asamblea frente a su sindicato: “Que Alberto Fernández se ponga los pantalones y deje de satisfacer a Moyano, que no lo queremos en Córdoba”.