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La jueza Loretta Preska. (Foto: Reuters)
Este punto es especialmente sensible, ya que implica un cambio concreto en el control accionario de la empresa como consecuencia directa del litigio internacional.
Un proceso que no afecta la legalidad de la expropiación, pero sí su ejecución
Preska subrayó que el análisis del “alter ego” no tiene relación con el fondo del juicio por la expropiación. No se está cuestionando si fue legal o no la estatización realizada por el Gobierno argentino, sino si la compañía puede o no ser utilizada para responder con sus activos ante una condena firme contra la Nación.
Este tipo de evaluación es común en la justicia estadounidense en casos que involucran a Estados y entidades mixtas. Pero pocas veces el monto en juego alcanza semejante cifra: más de US$18.000 millones.
Una estrategia de defensa
La defensa de YPF intentó frenar la entrega de documentación alegando que se trataba de información protegida o irrelevante. Sin embargo, la jueza Preska desestimó ese argumento y confirmó que la documentación es central para determinar el grado de autonomía de la empresa respecto al Estado argentino.
Este revés se suma a otros fallos desfavorables para la petrolera en lo que va del año, y debilita su posición negociadora frente a los demandantes.
Los próximos pasos: entregas, definiciones y posibles embargos
Con esta resolución, se activan tres etapas clave:
- Entrega inicial de documentación por parte de YPF en un plazo de 15 días.
- Presentación de un plan de trabajo conjunto con los demandantes para definir el alcance del Discovery.
- Inicio de los alegatos el 25 de septiembre para definir posibles embargos y transferencias de acciones.
Cada una de estas instancias puede acelerar la ejecución de la sentencia, o bien abrir la puerta a un acuerdo forzado por la presión judicial.