El trabajo impulsado por la administradora federal a partir de diciembre de 2019 permitió identificar, entre otras, situaciones como la designación para actuar en procedimientos de funcionarios distintos de aquellos que resultaban competentes y la actuación en causas judiciales sin representación institucional o por parte de funcionarios no autorizados.
La actual gestión de la AFIP también detectó la creación dentro del organismo de una herramienta sistémica para monitorear la situación de grupos económicos específicos, además de cuantiosos accesos indebidos a la base de datos del organismo.
El desistimiento de la querella en la causa constituye una decisión de responsabilidad institucional de las autoridades políticas de la actual conducción de la AFIP, cuyo objetivo es no legitimar hechos supuestamente arbitrarios acontecidos durante el gobierno anterior, que fueron identificadas y documentadas desde diciembre de 2019.
La decisión va en línea con otras tendientes al saneamiento del organismo y fue tomada tras haberse registrado avances significativos en pos de garantizar el cobro de los impuestos adeudados por la empresa.