La UBA convocó a una conferencia de prensa para brindar detalles de las auditorías y defender su autonomía

La UBA se opone a auditoría de SIGEN y defiende la autonomía universitaria

Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires advirtieron que recurrirán a la Justicia para determinar si la intención del Gobierno, de auditar la casa de estudios, es legal. “La UBA es auditada y quiere seguir siéndolo”, sostuvo la institución en un comunicado difundido el último viernes donde especificó que le solicitó formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN) que la vuelva a incluir en el Plan de Auditoría 2025, así como lo hizo en el 2021, 2022 y el 2023.

“Para terminar de despejar cualquier tipo de sospecha respecto a la voluntad de la UBA de someterse a todos los controles legales existentes, además de solicitar una auditoría externa independiente, la Universidad ha decidido llevar la controversia respecto a quién debe ejercer el control interno sobre las casas de altos estudios ante el Poder Judicial, único órgano que la Constitución consagra para resolver este tipo de conflictos y aplicar debidamente la ley”, expresó el texto divulgado, donde además se advirtió que acatará la resolución judicial “ya que en nuestro Estado de Derecho son las y los jueces, y no los funcionarios del Poder Ejecutivo ni sus empleados, quienes deben interpretar en última instancia el sentido y alcances de la Constitución, de las Leyes de la Nación y de los derechos y libertades de las y los ciudadanos”.

En ese sentido, la UBA avisó que lanzó una convocatoria nacional e internacional “para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre el sistema de control interno de la universidad, a fin de seguir brindando información indudable a la ciudadanía”. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la institución especificó en la red social X que para tal fin se llamó a una licitación.

No obstante, el comunicado oficial detalló a quiénes le rinde cuentas la UBA y destacó que se trata de “uno de los entes más controlados y auditados del sector público”: a la Auditoría General de la Nación (AGN); al Poder Legislativo; “a través de la cuenta de inversión que es la rendición de cuentas del presupuesto anual”; el Poder Ejecutivo; “con informes mensuales de gastos a la Subsecretaria de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Capital Humano; y balances semestrales a la Contaduría General de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía”; a la Auditoría General de la Universidad, “independiente de la administración universitaria”; y a “toda la sociedad a través de la publicación en la web institucional de los informes de su auditoría interna y el desarrollo de sus políticas de transparencia”.