Asimismo, señalaron que la Corte Suprema ha sostenido esta autonomía, estableciendo que cualquier intromisión del Poder Ejecutivo en la gestión académica y financiera de las universidades es inadecuada. La Ley de Educación Superior también refuerza este principio, restringiendo las posibilidades de intervención del Poder Ejecutivo en los asuntos universitarios.
Para al rector de la UBA, Ricardo Jorge Gelpi, esta disposición “unilateral” representa una violación de su autonomía constitucional. La universidad sostiene que su administración no puede ser subordinada a la órbita del Poder Ejecutivo por normas de jerarquía inferior a la Constitución.
“Que las decisiones expresadas por el Síndico General de la SIGEN, organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, en torno a disponer unilateralmente actividades dentro del ámbito de la Universidad, conllevaría una intervención inconstitucional e ilegal”, argumentaron.