Según CAIDIS, el incremento anunciado no solo es insuficiente sino que además no alcanza a cubrir los costos reales de las prestaciones ni incluye a todos los servicios del sistema. A esto se suma un esquema de pagos con demoras de entre 60 y 90 días.
Por otro lado, las medidas tampoco ofrecen un horizonte de mejoras en el mediano plazo. “El Gobierno intenta mostrarlo como un acompañamiento, pero no hay garantías reales de continuidad”, señalaron desde CAIDIS. En paralelo, remarcaron que aún no se ejecutó la compensación prevista en la ley de emergencia, lo que agrava la situación financiera del sector; al respecto ya están activando presentaciones judiciales para obligar a que se cumpla la ley.
La entidad planteó que la falta de actualización real pone en riesgo a más de 300.000 personas con discapacidad en todo el país, cuyo acceso a educación, salud, transporte y apoyos depende del funcionamiento del sistema prestacional.