Asimismo, Marijuan también remarcó que de dicho informe se pudo saber que aproximadamente 2.800 personas fallecidas continuaban cobrando dicho plan asistencial.
Como medida de prueba, el fiscal pide al Ministerio de Desarrollo Social que dé de baja esos planes que se consideran irregulares.
“El cruce de información se realizó sobre la identificación estadística de 1.383.279 de titulares del mencionado programa, detectando que 253.184 de ellos (el 18,30%) habrían efectuado una manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales, y que 35.398 (el 2,56%) habrían realizado alguna compra de divisas con findes de ahorro en los últimos 6 meses”, señaló el fiscal.
Planes sociales: el plan del fiscal Guillermo Marijuan para frenar las irregularidades
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El fiscal menciona en su denuncia la reglamentación del Ministerio de Desarrollo Social o del Banco Central donde da cuenta que no puede percibir un plan social quien adquiere dinero en moneda extranjera o bien denuncia ser titular de un automotor con antigüedad menor a diez años o bien embarcaciones o aeronaves.
Marijuan pide encarar una investigación por fraude a la administración pública y que “se proceda de manera inmediata a ordenar al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y a la AFIP que suspendan la totalidad de los planes involucrados y cuya nómina es secreta y reservada de la AFIP, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del plan, que actualmente no aparecen correlacionados con las bases de datos del Estado Nacional".
Si bien la denuncia no apunta a nadie en particular, el fiscal también apunta a los dirigentes piqueteros que podrían verse involucrados y como medida de prueba sugiere profundizar esa parte de la investigación.
Por eso, sugiere que se exija al Banco Central “respecto del Plan Potenciar Trabajo, cuál es la cantidad de beneficiarios que cobran por transferencia y qué otros lo hacen por cajero”.
También que “se llame a prestar declaración testimonial a los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de la implementación del Plan Potenciar Trabajo y asimismo a los funcionarios de la AFIP involucrados en el desarrollo del informe que se alude en esta denuncia".