A través de la Resolución 895/18, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) oficializó días atrás una regulación que facilita la reválida de licencias a pilotos extranjeros, que incluso podrán volar aviones aerocomerciales. Esto, denuncian los gremios,
pueden afectar las fuentes laborales y las condiciones de trabajo. La decisión generó el alerta en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA), quienes agrupan a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y Austral y desde donde emitieron comunicados para rechazar la medida.
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Polémica por la autorización a que pilotos extranjeros puedan volar en la Argentina
Según APLA, para que un piloto extranjero pueda volar en Argentina, antes se le exigía rendir un examen teórico de conocimientos; un examen de vuelo de pericia y presentar un libro de vuelo con las formalidades pedidas por nuestro país.
Ahora, denuncian, “el requerimiento de dichos exámenes queda completamente a discreción de la autoridad aeronáutica; el libro de vuelo es aceptado bajo cualquier modalidad y la autoridad aeronáutica puede dispensar el cumplimiento de los requisitos”.
“No solo se va a ver afectado el piloto de línea, sino también la formación del profesional argentino. Y eso genera trabajo. Hay mucha gente que vive solo de la formación, que tiene escuelas de vuelo. Toda la cadena de formación del piloto se ve afectada”, aseguran desde el sector de los pilotos.
“No solo se va a ver afectado el piloto de línea, sino también la formación del profesional argentino. Y eso genera trabajo. Hay mucha gente que vive solo de la formación, que tiene escuelas de vuelo. Toda la cadena de formación del piloto se ve afectada”, aseguran desde el sector de los pilotos.
Desde UALA, en tanto, le enviaron una nota oficial al titular de la ANAC, Tomás Insausti, para requerirle "la suspensión y revocación de tal medida, entendiendo que la misma facilita la extranjerización de nuestra actividad en claro detrimento de la fuente laboral argentina".
La modificación de la normativa se conoce a casi un mes de que se intensificara la discusión paritaria entre Aerolíneas y el Gobierno, que a su vez derivó en la paralización del servicio.
Y además, junto con la decisión de extender por 30 días una autorización implementada extraordinariamente por la realización del G20: permitir que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a la Fuerza Aérea Argentina presten servicios de rampa en los aeropuertos ante eventuales medidas de fuerza de los empleados de Intercargo o de Aerolíneas.
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