El gobernador Rogelio Frigerio firmó un decreto que establece la emergencia hasta julio de 2027. La medida alcanza a productores ganaderos y apícolas de seis departamentos afectados.
Entre Ríos declaró el estado de desastre y emergencia agropecuaria. (Foto: gentileza UNO Entre Ríos).
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, declaró el estado de emergencia o desastre agropecuario en distintas zonas de la provincia como consecuencia de las inundaciones y los efectos del fenómeno climático de El Niño. La decisión busca aliviar la situación económica de los productores ganaderos y apícolas que sufrieron importantes pérdidas por el avance del agua.
La medida, establecida mediante un decreto provincial, tiene vigencia retroactiva desde el 1° de agosto de 2026 y se extenderá hasta el 31 de julio de 2027. Durante ese período, los establecimientos alcanzados podrán acceder a beneficios fiscales, postergaciones de vencimientos y facilidades para regularizar sus obligaciones tributarias.
Además, Frigerio instruyó al ministro de Producción, Guillermo Bernaudo, para que gestione ante el Gobierno nacional de Javier Milei el reconocimiento de la emergencia agropecuaria a nivel federal.
La declaración comprende las explotaciones ganaderas y apícolas ubicadas en islas, humedales y terrenos anegadizos de seis departamentos entrerrianos, principalmente sobre la costa del río Paraná.
Estas regiones concentran actividades productivas especialmente vulnerables a las crecidas de los ríos, debido a las dificultades para trasladar animales, mantener las instalaciones y sostener la producción cuando los campos permanecen inundados.
La nueva disposición se suma a la emergencia hídrica declarada el 29 de agosto en todo el territorio provincial, que tuvo como objetivo anticipar y reducir las consecuencias del fenómeno de El Niño sobre las familias, la infraestructura, los servicios esenciales y las actividades económicas.
El gobernador explicó que la decisión responde a las dificultades que atraviesan los establecimientos rurales afectados por el exceso de agua. “Sabemos que el fenómeno de El Niño ya está golpeando a algunos productores entrerrianos, especialmente a quienes desarrollan actividades ganaderas y apícolas en las zonas de islas”, señaló.
Frigerio aseguró que el Gobierno provincial busca brindar herramientas para sostener la actividad económica y evitar que las pérdidas provocadas por las inundaciones se agraven por las obligaciones impositivas. “Vamos a postergar vencimientos de impuestos, establecer facilidades de pago y otorgar exenciones a quienes sufrieron las mayores pérdidas”, afirmó.
También remarcó que no resulta razonable exigir el cumplimiento de las mismas obligaciones fiscales a quienes tienen sus campos inundados y no pueden desarrollar normalmente sus actividades.
El decreto establece una serie de medidas de alivio fiscal que serán implementadas por la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).
El objetivo es reducir la presión tributaria sobre los productores que sufrieron daños económicos y dificultades para continuar trabajando.
Para acceder a las medidas dispuestas por el Gobierno provincial, los productores deberán acreditar que sus establecimientos se encuentran dentro de las zonas afectadas y que sufrieron pérdidas como consecuencia de la situación hídrica. El procedimiento contempla la presentación de una declaración jurada ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos.
El documento deberá contar con la firma de un profesional matriculado de las ciencias agropecuarias y estar certificado por una entidad pública o privada vinculada con el sector productivo afectado.
Con esa documentación, el Ministerio de Desarrollo Económico confeccionará los certificados que permitirán tramitar los beneficios establecidos en el decreto. La acreditación de las pérdidas será fundamental para determinar el alcance de las exenciones y demás medidas fiscales.
La decisión del Ejecutivo provincial se fundamentó en una evaluación realizada por la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario, que analizó las consecuencias del exceso de agua sobre las actividades ganaderas y apícolas. Los informes técnicos advirtieron que más del 50% de la capacidad productiva ganadera de las zonas evaluadas se encuentra afectada.
Entre los principales perjuicios identificados aparecen la disminución del rendimiento productivo, las ventas forzosas de hacienda a precios inferiores a los habituales y el incremento de los costos de alimentación y traslado. También se registraron mayores gastos por el arrendamiento de campos alternativos para reubicar animales, además de dificultades sanitarias y operativas derivadas de las inundaciones.
El sector apícola es otra de las actividades alcanzadas por la emergencia. Los informes oficiales identificaron daños en colmenas ubicadas en humedales, islas y zonas costeras, donde el avance del agua dificulta tanto el trabajo habitual como las tareas de rescate y traslado.
Los productores enfrentan pérdidas directas y problemas logísticos para movilizar las colmenas hacia sectores que permitan continuar con la actividad.
La evaluación de la emergencia contó con información de distintos organismos, entre ellos el Instituto Nacional del Agua (INA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el INTA, Prefectura Naval Argentina y la Fundación de Lucha Contra la Fiebre Aftosa (Fucofa). También participaron áreas provinciales vinculadas con la producción animal, la hidráulica y las obras sanitarias.
