La mayoría que encabeza Horacio Rosatti y el sector de Ricardo Lorenzetti desaprobaron el aumento del número de jueces, pero los tiempos y los escenarios cambian en la pelea interna por el poder en el alto tribunal.
Los actuales cortesanos: ¿hay que ampliar la Corte Suprema?
La división interna y la puja de poder en la Corte Suprema se extendió también a la iniciativa –como herramienta de negociación política en el Congreso– para ampliar el número de jueces del máximo tribunal. El sector que lidera el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, está en desacuerdo con ese eventual incremento.
La postura de Rosatti es pública: en una entrevista reciente con el diario español El País explicó que "muchas veces se usa una regla de tres simple: más jueces, más casos se resuelven. Es al revés, eso hay que decirlo. Los expedientes circulan por todos los ministros de la Corte. Se imagina: si somos cinco, circulan por cinco. Si somos 50, circulan por 50”.
La Corte resuelve anualmente entre 15.000 y 20.000 expedientes. Gran parte de ellos son cuestiones de competencia (decidir qué juzgado debe intervenir en una causa cuando la tironean o revolean entre dos o más), resoluciones sobre honorarios de los letrados y peritos, y “planchas del 280” (rechazos de recursos de “queja” –la ultimísima apelación– mediante resoluciones de dos párrafos que no analizan siquiera los argumentos de la parte que reclama). Aun con esa salvedad, el máximo tribunal argentino resuelve anualmente entre cuatro y cinco veces más expedientes que, por ejemplo, la Corte de los Estados Unidos.
El difunto juez Carlos Fayt siempre se quejaba de que la Corte federal argentina parecía “un almacén de ramos generales”. En aquella entrevista con El País, Rosatti se preguntó: “¿Se quiere más celeridad? Tienen que entrar menos causas a la Corte. Estamos al límite".
Todo es cierto. Sin embargo, detrás de ese argumento parece asomar una razón más profunda: un tribunal de cinco miembros obtiene mayoría con tres, para un fallo o para aprobar una compra o una contratación, o para marcar el rumbo hacia el que irá la política interna de la Corte.
Hoy, esa mayoría la conforman Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.
Rosenkrantz mantiene silencio de prensa sobre la eventual ampliación de la Corte, pero a la hora de la disputa de poder está alineado con el presidente del tribunal. Maqueda está de salida: en diciembre cumplirá 75 años, el límite etario establecido en la reforma constitucional de 1994, y el gobierno de Javier Milei desistió de pedir su reválida para otros cinco años como juez. La mayoría, entonces, cruje.
“¿Queremos o no la división de poderes? Porque en definitiva lo que hay es una disputa política sobre el Poder Judicial, a ver quién tiene más jueces amigos, y eso no es lo que se entiende por división de poderes”, se preguntó (y respondió) Rosatti, reconociendo tácitamente que los políticos quieren tener “jueces amigos” y que hay jueces “amigos” de los políticos.
Por su parte, Lorenzetti, quien busca regresar a la presidencia de la Corte, había considerado durante el gobierno de Alberto Fernández que el proyecto de ampliar el número de jueces de la Corte “no es prioridad”.
En un reportaje al diario Clarín, sobre aquella iniciativa (que, como todas en materia judicial, el anterior gobierno no concretó), Lorenzetti propuso: “Tenemos que ocuparnos de los problemas de las personas, de los ciudadanos argentinos, no de estas disputas que son absolutamente secundarias. No porque no sean importantes, sino porque no es una prioridad”.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, reconoció en TV que la candidatura de Ariel Lijo a la Corte fue propuesta y es impulsada por Lorenzetti; el otro postulante, Manuel García Mansilla, subrayó que la propuesta en su caso le fue transmitida por el asesor estrella e integrante del “triángulo de hierro” de Milei, Santiago Caputo, y por Sebastián Amerio, un ex secretario letrado de la Corte que es el representante del gobierno en el Consejo de la Magistratura.
Amerio tiene mucha influencia sobre lo que pasa en el Ministerio de Justicia, a tal punto que desde la propia Corte lo observan como el poder real en esa cartera.
La ampliación de la cantidad de jueces de la Corte es un riesgo para ambos grupos, pero está claro que –a priori– ninguno de los dos candidatos muestra mayor afinidad con el sector de Rosatti y Rosenkrantz.
En las cercanías de Rosatti recuerdan que en 2006, una de las grandes defensoras de que la Corte volviera a ser de cinco miembros fue la entonces senadora y primera dama Cristina Fernández de Kirchner, quien presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Durante el debate, la expresidenta destacó que “por primera vez en toda la historia de la República Argentina un presidente, pudiendo nombrar dos miembros de la Corte sin modificar una coma del ordenamiento legal vigente, no lo hace". Y añadió, con una esperanza que no parece haberse cumplido, que aquel “gesto” del gobierno que encabezaba su marido, Néstor Kirchner, significaba “el final de un ciclo de negociaciones con la Corte".
Por entonces, el tribunal tenía siete miembros: Carmen Argibay, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Raúl Zaffaroni. Fue una Corte de lujo, probablemente la mejor desde el regreso de la democracia, en 1983. Discutían mucho, pensaban muy distinto, pero sus diferencias eran esencialmente jurídicas y también (un poco) por las vanidades de cada uno. Hoy las pulseadas circulan por otros andariveles, menos filosóficos y más prosaicos.
