Sergio Massa define el Presupuesto 2023 y ratifica ajuste en cuentas públicas como eje para bajar la inflación

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, fue el encargado de dar a conocer esa preocupación el miércoles en su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados, en un marco de fuerte tensión política y social por la ratificación del alto índice de inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, una combinación explosiva para contener la crisis social.

Horas antes de la presentación del presupuesto 2023, Manzur puso énfasis en la prioridad de "tener la cuentas ordenadas" como una de las condiciones de la "paz social" y convocó al “diálogo” entre las fuerzas políticas para "fortalecer la paz social" y alcanzar "estabilidad macroeconómica".

La advertencia del FMI por la "devastadora inflación"

Tras la advertencia del FMI sobre la "devastadora inflación", el equipo económico de Massa puso el eje en el ordenamiento de las cuentas públicas para generar confianza y bajar la brecha cambiaria y la inflación.

Con la resignación de saber que los datos de inflación de septiembre también se ubicarían por encima del 6%, el Gobierno salió a profundizar las señales de ordenamiento fiscal y la suba de las tasas de interés para lograr que el índice de precios se desacelere.

El objetivo acordado con el FMI, es que en el último trimestre de este año, la inflación mensual ronde el 5% (el récord de Alberto Fernández fue del 7,4% en julio) y cumplir con la promesa de un déficit fiscal del 2,5 % del PBI y del 1,9% en 2023.

Según trascendió, el organismo internacional pidió un 50% de inflación como meta para 2023, promesa que el gobierno debería mostrar en los números del proyecto de ley de presupuesto que presenta este jueves.

El nuevo acuerdo con el FMI que será confirmado por el organismo en las próximas horas, con el desembolso de 4100 millones de dólares al país, incluye:

• El marco macroeconómico, que se actualizó para reflejar la evolución económica reciente y el difícil contexto internacional.
• Los parámetros fiscales y las políticas subyacentes para asegurar los objetivos de déficit primario existentes del 2,5 % del PIB en 2022 y del 1,9 % del PIB en 2023, con énfasis en una mejor orientación de los subsidios a la energía, transporte y agua, junto con una mejor priorización del gasto y manejo estricto del presupuesto.
• La implementación sólida y consistente del marco de política monetaria para asegurar el actual objetivo de sostener tasas de interés reales positivas, que a su vez es una herramienta para abordar el combate contra la inflación y movilizar el financiamiento interno, además de asegurar la competitividad externa.
• La acumulación de reservas, que será impulsada por el marco general de políticas, además de medidas específicas (como el régimen temporal de incentivo a las agroexportaciones) para fortalecer la balanza comercial.
• La agenda estructural, donde se pondrá mayor foco en revisar los incentivos fiscales corporativos y en combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero, incluyendo a través de esfuerzos para promover de los intercambios de información y mecanismos de cooperación internacional.

El gobierno y las empresas preocupadas por evitar que la industria caiga en recesión

Informes privados advierten sobre el cuello de botella generado en la importación de insumos a la industria por el cepo que impuso el gobierno para contener la fuga de reservas del Banco Central, y que según fuentes privadas, habría desmoronado la capacidad instalada de empresas del 69% al 67,7% el último mes.

De eso vienen hablando los secretarios de Industria, José Ignacio De Menduguren por un lado, y por otro, el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini.

En declaraciones a A24.com De Mendiguren reiteró su advertencia de que la solución de la problemática inflacionaria requiere de un "acuerdo político", y que el problema "no puede resolverlo un ministro de Economía".

El problema, reconocen ahora en Economía, es cómo sostener la actividad en medio de la actual crisis económica. Y la respuesta que dan los funcionarios del círculo de Massa, es la señal de generar confianza para aumentar las inversiones privadas y aumentar los ingresos y crecimiento de las exportaciones.

En paralelo, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, se reunió esta semana con representantes de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), para analizar "estrategias para los próximos meses en materia de insumos e importaciones para las PyMEs de todo el país".

Según trascendió, los empresarios Pymes propusieron que les dejen utilizar dólares no declarados para la compra de insumos importados como otra forma de evitar un freno a la producción, lo que derivaría en un escenario inminente de recesión con las consecuencias que se reflejaría en la caída del empleo y del consumo. Evitar ese escenario es hoy es el principal objetivo del Gobierno.

Otro debate que enfrenta Massa en estas horas es la definición de un nuevo bono de $48.000 en tres tramos que reclama el kirchnerismo, como refuerzo de ingresos a sectores sociales vulnerables. Según insisten en impulsar desde el kirchnerismo, sería un bono por tres meses de $16.000, financiado por el fondo especial de las exportaciones de soja, a través de la ANSES, y alcanzaría a unos 2 millones de monotributistas de las categorías más bajas. El tema era debatido en estricto hermetismo dentro del Gobierno.