El Concejo Deliberante de Rosario sancionó en noviembre del año pasado un nuevo Código de Convivencia que prevé sancionar con multas a los manifestantes que corten las calles y a los cuidacoches, popularmente conocidos como "trapitos".
Imagen de la última protesta de los movimientos piqueteros en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.
El Concejo Deliberante de Rosario sancionó en noviembre del año pasado un nuevo Código de Convivencia que prevé sancionar con multas a los manifestantes que corten las calles y a los cuidacoches, popularmente conocidos como "trapitos".
La nueva norma comenzará a regir en agosto y establece que "la persona que, mediante actos determinados obstruya o altere la fluidez o seguridad del tránsito, o que mediante actos extorsivos o de cualquier otra manera se arrogue preferencia de uso sobre la calzada o parte de la misma sin autorización alguna de la autoridad, será sancionada con multa de 10 a 200 UF (Unidades Fijas) y/o con la realización de tareas educativas y concientizadoras".
En concreto, la multas para este tipo de conductas pueden ir desde 1.200 a 24.000 pesos.
Según indicó el diario La Voz, el oficialismo rosarino busca generar consensos "sin criminalizar la pobreza", aunque desde la oposición reclaman firmeza para lidiar con los denominados "gerentes de la pobreza".
El debate se da en un contexto de alta conflictividad social a nivel nacional, una semana después del acampe masivo sobre la 9 de Julio en la Ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país.
En el caso de Rosario, el referente local de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Eduardo Dalmonte, criticó la iniciativa de la intendencia y consideró que "en vez de abordar la enfermedad, se busca combatir el síntoma sin ningún tipo de análisis".
"Se busca silenciar al sector de la población que no tiene otra forma de expresarse que salir a la calle. Sería criminalizar la protesta social", denunció el dirigente social en declaraciones a LT8.
En el marco de acampe que se realizó en la Avenida 9 de Julio, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reafirmó este martes la postura oficial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ante un nueva propuesta masiva: advirtió que no va a permitir que se vuelva a realizar esta medida.
"¿A alguien se le ocurre que vienen de forma espontánea? Veíamos las colas de colectivos, los traen extorsionados, porque si no vienen les quitan los planes sociales, porque el plan no los maneja el Estado sino organizaciones, lo peor es que usan a los chicos para que la policía no los desaloje, son unos cobardes", se refirió Rodríguez Larreta.
Y realizó un llamado al gobierno nacional: "Por eso pedimos al Gobierno Nacional que les saquen los planes sociales, que tienen como condicionalidad que los chicos vayan a la escuela y los chicos no estaban en la escuela".
Por su parte, Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, afirmó: "Nosotros entendemos la situación económica del país, entendemos la necesidad de la gente y respetamos el derecho a peticionar; lo que decimos es que no puede ser la única vía la cultura del piquete".
Al ser consultado por cuál es la solución posible para enfrentar la situación, el ministro aclaró: "Hablamos con el ministerio de Desarrollo Social de la Nación (a cargo de Juan Zabaleta) y le dijimos que no podíamos caer en esta extorsión. Estamos dispuestos a sacarle los planes a quienes tiraron piedras, entorpecerle la vida a miles de personas también es violencia".
