Un buque británico que zarpó desde las Islas Malvinas navegó ilegalmente por aguas argentinas

Esa declaración los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados "reiteraron el compromiso oportunamente asumido de adoptar, de conformidad con el Derecho Internacional y sus respectivas legislaciones internas, todas las medidas susceptibles de ser reglamentadas para impedir el ingreso a sus puertos de los buques que enarbolen la bandera ilegal de las Islas Malvinas.

Alertada por la Prefectura Argentina sobre el incidente, la Cancillería solicitó de inmediato información al respecto al Consulado argentino en Punta Arenas, cuyas autoridades "pudieron constatar que el buque enarbolaba pabellón rojo británico y que, por lo tanto, no se había quebrantado el referido compromiso".

Por otro lado, en el regreso del buque británico a las islas Malvinas la Prefectura Nacional Argentina activó los mecanismos correspondientes para la aplicación del Decreto 256/2010, firmado por la entonces presidenta Cristina Kirchner, que establece la necesidad de contar con autorización nacional para atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a puertos ubicados en las islas Malvinas, Georgias del Sur o Sandwich del Sur y/o cargar mercaderías a ser transportadas en forma directa o indirecta entre esos puertos, deberá solicitar una autorización previa expedida por la autoridad nacional competente.

El RRS Attenborough no solo incumplió ese paso necesario, sino que permanece registrado en Puerto Stanley bajo la bandera ilegítima de las "Islas Falkland", según indicaron a esta agencia fuentes de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.

Al respecto, recordaron que el "ilegítimo registro del buque" ha sido rechazado por el gobierno argentino en reiteradas oportunidades y recientemente en una nota del 8 de marzo de 2022 la Cancillería manifestó que "el hecho de que los medios logísticos del BAS (British Antarctic Service) se encuentren inscriptos en registros no reconocidos por el gobierno argentino no está en línea con el espíritu de cooperación del Tratado Antártico", situación que imposibilita la cooperación bilateral entre el BAS y el Instituto Antártico Argentino (IAA).

Tal cooperación había sido acordada, en el marco del Comunicado Conjunto del 13 de setiembre de 2016 (conocido como Foradori-Duncan), mediante el memorando de Entendimiento entre el Instituto Antártico Argentino y el British Antartic Survey celebrado el 14 de mayo de 2018 por la gestión macrista.

En relación a la navegación de la embarcación británica por el Estrecho de Magallanes, desde la Secretaría que dirige Carmona indicaron que "corresponde tener presente lo que indica la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), instrumento que nuestro país ha ratificado en 1995, y que establece las condiciones para el derecho de paso inocente de buques por el mar territorial y la navegación en la Zona Económica Exclusiva".

Dicha Convención permite el libre tránsito de un buque de cualquier país por aguas argentinas, siempre que lo haga como paso inocente, es decir en las condiciones fijadas en el Derecho del Mar, situación exceptuada para cualquier embarcación que provenga o vaya hacia las Islas Malvinas.

Ante el incidente detectado, "el estado argentino actuó de acuerdo a la legislación nacional vigente y del Derecho del Mar", apuntaron las fuentes de la Secretaría.

Así, a través del sistema de guardacostas; y con apoyo de la Armada Argentina, se realizó el trazado y seguimiento del buque científico y se les notificó acerca de las irregularidades.