La Corte Suprema resolvió que el Estado argentino no debe pagar los sueldos de los diputados del Parlasur. Así, zanjó un viejo reclamo de los diputados elegidos en comicios generales para representar al país en el parlamento del Mercosur.
Lo resolvió la Corte Suprema ante el reclamo de dos exdiputados del Parlasur. Debate: ¿Quién debería pagar sus dietas?
El debate por el Parlasur: ¿quién paga las dietas de los diputados regionales?
La Corte Suprema resolvió que el Estado argentino no debe pagar los sueldos de los diputados del Parlasur. Así, zanjó un viejo reclamo de los diputados elegidos en comicios generales para representar al país en el parlamento del Mercosur.
El fallo complementa una decisión anterior que les desconoció a los legisladores regionales la inmunidad de arresto de que gozan, por ejemplo, los diputados nacionales. De hecho, Milagro Sala fue detenida (y aún permanece en esa condición) cuando ya había sido electa legisladora del Parlasur; distinto fue el caso de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien siguió desempeñando su cargo pese a que había sido declarado “rebelde” por un tribunal argentino que había ordenado su detención nacional e internacional.
La Corte declaró “inadmisibles” dos planteos formulados por los diputados regionales Claudia Gil Lozano, de la Coalición Cívica – ARI, y por Alberto Asseff, titular del Partido Nacionalista Constitucional y ex diputado por Juntos por el Cambio.
El máximo tribunal, por unanimidad -aunque con argumentos diferentes, pero coincidentes en la decisión de fondo-, concluyó que los reclamos debían ser desestimados. De esa manera, dejó firmes sendos fallos del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal. El Estado Nacional, en este contexto de crisis y ajuste, tendrá un “gasto” menos que afrontar. Aunque ello signifique, en los hechos, la gratuidad de la tarea de los representantes ante el parlamento regional.
Los ex legisladores del Parlasur invocaron “diversas disposiciones dictadas por órganos del Mercosur” y normas locales que “establecen una dieta equivalente a la de un Diputado nacional, que debe ser abonada por el Estado argentino”.
En su voto particular, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, fue más allá del simple rechazo. Consideró que “no corresponde obligar al Estado argentino a hacerse cargo de las remuneraciones” puesto que la legislación local “no impone al Estado Nacional la obligación de pagar directamente la dieta a los parlamentarios del Mercosur electos por sufragio popular directo”.
“Es el Mercosur, como persona jurídica diferente, y más precisamente el Parlasur, a través de su Mesa Directiva y Presidencia –y no el Estado Argentino– el obligado a resolver y pagar las remuneraciones de los parlamentarios”, añadió Rosatti.
Su postura no quedó consolidada en el fallo final, que sólo se limitó a rechazar el planteo. Por eso, la opinión de Rosatti quedó sólo en eso, una postura personal que no fue acompañada (tampoco rechazada) por sus colegas Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Este último –enfrentado sin disimulos con Rosatti, incluso públicamente- incluyó en su voto una aclaración que viene repitiendo en decenas de fallos: que la declaración de “inadmisible” del último recurso presentado por una de las partes de un expediente no significa un aval explícito a lo que se resolvió en las instancias anteriores. "Cabe poner de relieve -a fin de evitar interpretaciones erróneas acerca del alcance de los fallos de la Corte Suprema- que la desestimación de un recurso extraordinario mediante la aplicación de dicha norma no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida".
Está claro que el tesoro argentino no les pagará a los parlamentarios nacionales del Mercosur. Sin embargo, Rosatti dejó una hendija abierta hacia el futuro. Propuso “exhortar al Estado Nacional a dar cumplimiento con su obligación de remitir los fondos para garantizar el normal desenvolvimiento del Parlasur, que es su expresión parlamentaria”. La discusión ya no es si los legisladores regionales deben cobrar por su tarea sino quién y con qué fondos les deben pagar.
Bajo ese parámetro, los legisladores del Parlasur podrían iniciar una nueva acción judicial exigiéndole al Estado que envíe fondos al Parlasur para que, a través de sus organismos, les abone sus dietas.
En ese caso, sí, el dinero debería salir del Presupuesto argentino.
