El decreto afirma que las tres leyes representaban un gasto adicional de más de 7 billones de pesos para el año 2025 y cerca de 17 billones para 2026. Esta cifra equivale a un 1% del Producto Bruto Interno (PBI) en el corto plazo, y a un 1,68% en el siguiente ejercicio fiscal.
Desde el oficialismo aseguran que “la aprobación de estos proyectos ponía en riesgo el cumplimiento de las metas fiscales comprometidas” y agregan que “el equilibrio fiscal es innegociable”.
2. Irregularidades legislativas
El Ejecutivo también criticó el procedimiento de aprobación de las leyes en el Senado. Según el decreto, la sesión del 10 de julio donde se debatieron los proyectos careció de una citación válida y habilitó el tratamiento con mayoría simple cuando, aseguran, se necesitaban dos tercios.
"Se incurrió en una ilegítima interpretación del reglamento interno del Senado que invalida lo actuado", argumentó el Poder Ejecutivo.
La excelente noticia que dio Milei: desde julio, se pagará un bono único de casi $ 100.000
Milei considera que las tres normas significaban un gasto fiscal “exorbitante” para el Estado (Foto: archivo).
Qué proponían las leyes vetadas por Milei
Jubilaciones
El proyecto establecía un aumento de emergencia del 7,2% sobre los haberes, la creación de un bono permanente de $110.000 mensuales actualizables, y transferencias adicionales a las cajas previsionales provinciales no integradas al sistema nacional.
Moratoria previsional
La norma restituía por dos años el Plan de Pago de Deuda Previsional, que permite a quienes no reúnen los 30 años de aportes acceder a una jubilación mediante el pago en cuotas. También flexibilizaba las condiciones de acceso a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Discapacidad
La tercera ley declaraba la emergencia nacional en discapacidad hasta el año 2026. Creaba una Pensión No Contributiva específica para personas con discapacidad y establecía una compensación económica de emergencia para los prestadores del sistema. También proponía mecanismos para garantizar una mayor cobertura de servicios y prestaciones.
Veto presidencial: qué puede hacer ahora el Congreso
Tras el veto a las leyes sociales, el destino de estas tres normas vuelve al Parlamento. Para que se conviertan en ley, se necesitará una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras.
Desde bloques opositores como Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y algunos sectores del radicalismo ya anticiparon su rechazo al veto. La diputada nacional Cecilia Moreau calificó la medida como “una declaración de guerra contra los más débiles”.
En contraste, voceros de La Libertad Avanza celebraron la decisión como una muestra de “coherencia fiscal” y “coraje político”. Según el diputado oficialista Oscar Zago, “el Presidente no está dispuesto a comprometer el futuro del país por demagogia legislativa”.