En febrero de 2006, Eduardo Lopilato, padre de la actriz, intimó a la compañía para que dejara de utilizar la imagen de su hija. La firma retiró los materiales publicitarios y realizó una campaña para reemplazarlos, aunque eso no puso fin al conflicto.
La disputa continuó durante años. En 2009, Punta Systems fue adquirida por la multinacional española Prosegur, que también quedó involucrada en el reclamo. Finalmente, en 2013, se inició formalmente la demanda judicial.
El pedido de indemnización contemplaba distintos conceptos: 25.000 dólares por daño moral, 50.000 dólares por lucro cesante y, además, el 15% de los beneficios económicos obtenidos por las empresas durante el período en que utilizaron la imagen de la actriz. El reclamo total superaba los dos millones de dólares.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones no acompañó los principales argumentos de Lopilato y estableció una compensación muy inferior a la pretendida.
Uno de los puntos centrales de la sentencia fue el consentimiento original. Los magistrados entendieron que no se trataba de una utilización de imagen sin autorización, ya que los padres de la actriz habían firmado un permiso para que participara de la publicidad. La discusión debía concentrarse, entonces, en cuánto tiempo y bajo qué condiciones podía utilizarse ese material.
Aunque el contrato original no fue presentado durante el proceso, el tribunal consideró razonable que la autorización hubiera tenido una duración de un año, entre 1994 y 1995. De acuerdo con esa interpretación, la empresa continuó utilizando la imagen de Luisana hasta 2006, por lo que correspondía reconocer una compensación por ese período.
Para determinar el monto, los jueces tomaron como referencia los 400 dólares que Eduardo Lopilato declaró que habían acordado originalmente por el trabajo publicitario. A partir de ese valor, calcularon un lucro cesante de 4.000 dólares, más los intereses legales desde la presentación de la demanda.
La resolución también rechazó la indemnización por daño moral y el reclamo vinculado con un porcentaje de las ganancias de las compañías. Entre los fundamentos, los magistrados señalaron que no se había demostrado que la utilización de aquella imagen infantil hubiera provocado un perjuicio personal o profesional para la actriz.
Tampoco encontraron acreditada una relación entre el uso de la publicidad y los beneficios económicos obtenidos por las empresas.
En cuanto a Prosegur, el tribunal aceptó la excepción de prescripción extintiva planteada por la compañía y desestimó el reclamo indemnizatorio en su contra por responsabilidad extracontractual.
De esta manera, la condena quedó exclusivamente a cargo de Nautiland S.A., la razón social de Punta Systems, que deberá abonarle a Luisana Lopilato los 4.000 dólares establecidos en el fallo, más los intereses correspondientes.
Así terminó una disputa judicial que había comenzado por una publicidad de su infancia y que, después de más de una década de litigio formal, tuvo un desenlace económico muy distinto al que pretendía la actriz.