Según se indicó, los trabajadores de prensa no estaban registrando imágenes ni realizando cobertura alguna, pero aun así fueron increpados por un grupo de mujeres que los obligaron a retirarse del lugar de manera violenta. A uno de los periodistas incluso le sustrajeron el celular.
Meses más tarde, Sena y Acuña iniciaron una demanda civil contra los tres comunicadores, reclamando una indemnización de $3.600.000. En su presentación judicial argumentaron que los periodistas “interrumpieron la reunión” y que uno de ellos habría “empujado a una de las militantes”.
Sin embargo, tras cuatro años sin avances significativos en el expediente, y mientras Sena y Acuña permanecen con prisión preventiva por la causa que investiga el femicidio de Cecilia Strzyzowski, el juez Beinaravicius resolvió declarar la caducidad del proceso ante la falta de impulso por parte de los demandantes.