La transferencia se efectuó el martes 6 de mayo y según la Justicia, la causa se originó porque el tesorero provincial denunció su error, por lo que el banco devolvió gran parte del dinero, pero a la mujer le habría quedado una suma de $44.546.269. Se investigaron los movimientos y gastos realizados hasta el jueves 8 del mismo mes.
En ese momento, tanto Acosta como algunos familiares a los que ayudó realizándoles transferencias, fueron detenidos por las autoridades. Luego, el viernes 9, se realizó una audiencia de formulación de cargo por estafas, defraudaciones con tarjetas y retención indebida.
La Justicia dispuso el allanamiento de su vivienda, incautó los celulares de sus hijos y congeló la cuenta bancaria. Además, otras cinco personas también fueron imputadas y se les exigió una fianza de $30 millones a cada una para evitar la prisión preventiva.
El contador del Gobierno de San Luis que ejecutó la transferencia fue quien denunció el error, aunque no está imputado por el momento. Desde la Fiscalía provincial aseguraron que ya se recuperó el 90% del dinero y que el resto se rastrea en billeteras virtuales.
Hubo intentos de contacto previos sin respuestas
“Compré cosas que ya se devolvieron. También repartí dinero en la familia”, expresó Acosta, quien sigue bajo investigación para determinar si hubo intención delictiva en el uso de los fondos. La causa continúa en curso.
Por otro lado, la Fiscalía de Estado, representada por el abogado Flavio Ávila, aclaró que hubo intentos de contacto previos para alertar a Acosta sobre el error, pero que no recibieron respuesta. Según el medio Radio Popular San Luis, Ávila sostuvo: “La buena fe hay que demostrarla con hechos”.