Las dos mujeres volvieron a presentar una denuncia en septiembre y reclaman que la Justicia investigue lo que aseguran haber vivido mientras trabajaban para el artista, que tiene 83 años.
De acuerdo con los testimonios difundidos por la organización Women’s Link Worldwide y Amnistía Internacional, las denunciantes sostienen que Iglesias “las habría agredido y acosado sexualmente”. También lo acusan de controlar sus teléfonos celulares, restringir sus salidas de la vivienda en la que trabajaban y exigirles jornadas laborales de hasta 16 horas, sin días de descanso ni contrato.
Las acusaciones son graves y podrían abrir una nueva etapa judicial para el cantante, aunque se trata de hechos denunciados que todavía deben ser investigados y probados.
La organización Women’s Link Worldwide, que representa a las mujeres, sostiene que los tribunales españoles podrían intervenir en virtud de la legislación que permite investigar determinados delitos cometidos fuera del país cuando existen vínculos relevantes con España.
En una carta abierta difundida en septiembre, las exempleadas reclamaron que se les garanticen sus derechos y que las autoridades avancen con la investigación. “Investigar, proteger y garantizar el derecho a la justicia”, pidieron, según el texto citado.
Por su parte, Julio Iglesias rechazó categóricamente las acusaciones. El cantante calificó las denuncias como “absolutamente falsas” y negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.
El nuevo movimiento judicial vuelve a poner el caso bajo los reflectores y deja abierta una pregunta clave: si el juez considera que la Audiencia Nacional es competente, ¿se iniciará finalmente una investigación formal?
Por ahora, no hay una condena ni una decisión que implique que Julio Iglesias vaya a prisión. El paso que dio la Fiscalía habilita a que se evalúe la competencia judicial; el futuro de la causa dependerá de la resolución que tome el juez.