Qué pasó. La fiscalía 31 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo Carlos Rolero Santurian, imputó a 43 padres de los chicos que tomaron ocho escuelas el año pasado al argumentar que son "responsables" por las conductas de sus hijos, y por cuyas contravenciones pueden enfrentar multas de hasta 10 mil pesos o trabajos de utilidad pública.
