Diputados inicia las audiencias por la Ley de Glaciares con solo 400 expositores sobre más de 100 mil inscriptos

Cómo es el esquema de audiencia pública

El mecanismo definido implica que únicamente unos 400 participantes podrán intervenir oralmente, ya sea en forma presencial o virtual. La mayoría de los inscriptos deberá remitir sus opiniones por escrito o a través de videos breves.

Cada expositor tendrá un máximo de cinco minutos para su intervención. Peluc y Mayoraz deberán controlar estrictamente los tiempos para cumplir con el cronograma previsto y permitir la participación de representantes de distintas jurisdicciones.

Pese a los pedidos de la oposición para ampliar la duración de las audiencias, el oficialismo mantuvo las fechas del 25 y 26 de marzo, establecidas en el plenario de comisiones. De este modo, las exposiciones presenciales quedarán limitadas a cerca de un centenar y otras cien se realizarán por Zoom. El resto deberá optar por la presentación escrita o audiovisual. La restricción fue cuestionada por bloques del peronismo, la izquierda y Provincias Unidas.

Intervención judicial

Un grupo de particulares presentó una demanda que recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5, a cargo del juez Enrique Regeuira. El magistrado rechazó la medida cautelar solicitada por el abogado Jonatan Baldiviezo, junto a la Observatorio del Derecho a la Ciudad y la ingeniera María Eva Koutsovitis.

En su resolución, el juez consideró que no se acreditó la verosimilitud del derecho invocado para suspender un acto parlamentario y remarcó la presunción de validez de las decisiones de las autoridades constituidas.

Reclamo de ambientalistas

Por otro lado, organizaciones ambientales presentaron una nueva cautelar que quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo N°7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, quien aún no resolvió.

El planteo fue impulsado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria por la Crisis Climática y Greenpeace. Las entidades solicitaron que el Congreso garantice la participación oral de todos los inscriptos en la audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares.