Alarma en las cárceles por el coronavirus: los presos fabricarán alcohol en gel y barbijos

En este escenario, la trampa de la información en tiempos del caos e inmediatez posmoderna puede conducir a otra idea aún más peligrosa: la sicosis ilimitada. Una expresión que me permito utilizar parafraseando a la “semiosis ilimitada”, un concepto Charles Peirce y retomada por Umberto Eco para referirse a los sentidos interminables de los signos lingüísticos.

En las últimas horas se solicitaron medidas urgentes y una compra extra de insumos para el Servicio Penitenciario Bonaerense: “Compra y entrega, para sumar a stock existente, de 50 mil unidades de jabón blanco para el lavado de manos y ropa; 40 mil barbijos; 40 mil cajas de ibuprofeno; alcohol en gel para pasillos, comedores y lugares de ingreso. Tomar temperatura a distancia. Mantener medidas de vigilancia sanitaria y prevención en concordancia con disposiciones del Ministerio de Salud. Restricción de ingresos a Unidades Penales de personal del Ministerio Público Fiscal, judicatura, defensores y visitas que hayan visitado países afectados por la pandemia o hayan estado en contacto con personas que hayan presentado síntomas compatibles con Coronavirus. Integrar los profesionales de la salud penitenciaria y áreas de salud, a la red de hospitales y laboratorios municipales, provinciales e interzonales.

En el Sistema Penitenciaro Bonaerense hay 45 mil internos distribuidos en 64 establecimientos penales. Son 57 cárceles y 7 alcaldías con una superpoblación récord de 17 mil internos -si se tiene en cuenta que el sistema está preparado para 28 o 29 mil-.

Esto representa un alto riesgo de motines y otros conflictos sanitarios. “En las cárceles hay hacinamiento y esto se complicó durante el último gobierno que tuvo muchos detenidos y poca construcción de nuevos establecimientos”, señaló la fuente oficial. “Hemos redoblado los controles y a todos les preguntamos por los síntomas y cuando tenemos sospechas los evaluamos para el traslado a sanidad (..) además del protocolo se ha implementado prevención, lavarse las manos, ventilar las celdas, el tema es con las visitas, familiar, docentes”.

Las cárceles en la Argentina, con superpoblaciones que pueden duplicar el límite de lo deseado, no impiden excluir una sicosis apocalíptica: “los presos saben que si entra el coronavirus a una cárcel puede ser una trampa mortal” aseguró un oficial que lleva años trabajando entre rejas. Algo similar, aunque con menor sobrepoblación, ocurre en el Servicio Penitenciario Federal con 14 mil internos en 32 establecimientos. “Estamos un 10 por ciento por encima de la capacidad operativa utilizable y hay más higiene y ventilación con médicos recorriendo”, señala la fuente oficial del SPF.

Allí en los penales de máximo seguridad de Ezeiza y Marcos Paz, están detenidos los ex funcionarios Ricardo Jaime, Juan Carlos Schiavi, el empresario Lázaro Báez, el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín. Están dentro del sistema IRIC (Intervención para la reducción de los índices de corrupción), por el cual las fuerzas de seguridad preparan a los guardiacárceles para bajar el riesgo con internos de gran poder adquisitivo (que puedan derivar en sobornos y corrupción). Muchos de ellos al borde de los 65 años están dentro de la llamada “población de riesgo”.

Otro de los conflictos reside en la posible falta de insumos para la prevención sanitaria. Por eso el funcionario del SPF le adelantó a A24.com que “están evaluando que los presos puedan producir alcohol en gel y barbijos”. Eso no evita la diaria preocupación: en la última semana en el Servicio Penitenciario Federal “hubo dos situaciones preventivas por cuadro febril en Ezeiza y otro en la Unidad 21 del Hospital Muñiz en donde hay 51 camas para pacientes con enfermedades infecciosas. En ambos casos dieron negativo”.

Mario Rovere, médico sanitarista y ex viceministro de Salud de Nación en 2015 le dijo a A24.com que “todavía no llegamos al pico de la crisis. Como referencia hay que tomar a la gripe aviar que duró al menos seis meses”. Eso lo saben y perciben los presos que tienen miedo al ingreso del COVID-19 por las visitas. “Por eso se les toma la temperatura y se les pide una declaración jurada”.

Desde el gobierno evalúan medidas. Una de las ideas en marcha es la aplicación de las prisiones domiciliarias para los mayores de 65 años que evalúa el procurador Julio Conte Grand como jefe de los fiscales en la Provincia de Buenos Aires. En el Servicio Penitenciario Bonaerense hay 644 internos que tienen esa edad, pero hay otro grupo de riesgo aún mayor: unos 2.700 internos están enfermos con tuberculosis, HIV y otras complicaciones que inquietan a los presos bonaerenses, también proclives a la infodemia.