La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que se constituya de manera inmediata un Comité de Emergencia Ambiental, integrado por distintas provincias y municipios, con el fin de controlar y monitorear los incendios en el Delta del Paraná.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que se constituya de manera inmediata un Comité de Emergencia Ambiental, integrado por distintas provincias y municipios, con el fin de controlar y monitorear los incendios en el Delta del Paraná.
El fallo se da tras una acción de amparo colectivo ambiental, promovido por la asociación civil “Equística Defensa del Medio Ambiente”, contra el Estado Nacional, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y las municipalidades de Rosario y Victoria, a raíz de los "incendios irregulares" que se vienen produciendo en el cordón de islas que se ubican frente a la costa de la ciudad de Rosario.
Por su ubicación, decidió también citar a la Provincia de Buenos Aires para que constituya, junto con las provincias y municipios demandados, el Comité.
El mismo tendrá la facultad de adoptar medidas para la prevención, control, y cesación de los incendios, utilizando para ello las bases del “Plan Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná” (PIECAS-DP) de 2009.
Dispuso además, que en el plazo de 15 días corridos presenten al Tribunal un informe sobre el cumplimiento de la medida ordenada, la constitución del Comité de Emergencia Ambiental y las acciones efectuadas.
La Corte consideró que existen suficientes elementos para tener por acreditado que los incendios, si bien constituyen una práctica antigua, han adquirido una dimensión que afecta a todo el ecosistema y la salud de la población. Señaló además que no se trata en el caso del juzgamiento de una quema aislada de pastizales, sino del "efecto acumulativo de numerosos incendios" que se han expandido por la región, poniendo en riesgo al ambiente.
Destacó que el Delta del Paraná es un inmenso humedal y, como tal, además de albergar una rica diversidad biológica, es un ecosistema vulnerable que necesita protección. "Con estos incendios se causa un riesgo de alteración significativa y permanente del ecosistema del Delta, además de resultar también afectadas la salud pública y la calidad de vida de los habitantes de ciudades vecinas, como Rosario".
Concluyó en que existe prueba suficiente, y de carácter público y notorio, de que los incendios "irregulares" en los términos de la ley 26.562, masivos y reiterados en el Delta "han adquirido una dimensión que causa alarma en la población y una grave amenaza al ambiente".
También, recordó que esta situación no es novedosa, ya que en 2008 el Estado Nacional y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, se habían comprometido formalmente a la elaboración de un “Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná” (PIECAS-DP), entre cuyos objetivos se previó la necesidad de encontrar soluciones viables y efectivas a la problemática vinculada a los incendios que afectaron diferentes zonas del Delta del Paraná, así como la promoción de procesos tendientes al logro de una armonización normativa al servicio de la conservación y desarrollo sostenible de ese territorio.
En dicho plan, señaló el Tribunal, se previó la creación de un “Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible de la Región del Delta del Paraná”, ─constituido finalmente mediante la resolución SAyDS 675/2009─ como instancia de coordinación de las acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos enunciados entre las provincias y municipios con competencia territorial en el área del Delta del Paraná. Sin embargo, puntualizó que en las actuales circunstancias resulta evidente que estas medidas no han logrado una solución perdurable en la zona.
