"De aprobarse este nuevo impuesto impactará sobre las empresas agropecuarias, gravando sus activos, incluso aquellos destinados a la producción. Empresas que además deben soportar la carga de altos derechos de exportación, cuyas alícuotas aumentaron en el inicio de la campaña 2019/20, afectando negativamente las decisiones de siembra e inversión en tecnología", expresó.
Para la BCBA, el tributo llega en momentos en que "el sector se enfrenta ya a dos campañas consecutivas de caída en sus principales indicadores" a lo que "debe agregarse que, debido a la sequía que estamos enfrentando, la coyuntura se presenta desfavorable para la mayor parte de las empresas agropecuarias".
"Estamos convencidos de que el sector agroindustrial puede constituirse en pilar de la recuperación de la economía argentina y del tránsito hacia una sociedad más sostenible, equitativa y federal", consideró la entidad, aunque advirtió que "el camino no es el que propone este proyecto de ley" sino a través de "un marco que propicie la producción, el consumo y las exportaciones, con reglas de juego claras y previsibles, una macroeconomía estable, una vuelta a los mercados internacionales, y una estructura impositiva que promueva la inversión y las exportaciones".
Cuestionamiento regional
Por su parte, la regional Córdoba de la Mesa de Enlace dijo que el tributo "constituye un duro golpe para el sector agropecuario y las pymes porque compromete sus activos, desalentando las inversiones y la generación de empleo".
En un mensaje con contenido local, manifestó una "profunda decepción por la decisión de los legisladores del oficialismo cordobés de avalar este nuevo impuesto, que no es coparticipable, al igual que otro tributo confiscatorio como los derechos de exportación".
En ese sentido sostienen que Córdoba incrementará su transferencia de recursos al Estado nacional a través de este aporte, a pesar de que es "una de las que menos coparticipación per cápita recibe".
La Mesa de Enlace nacional
Ya el fin de semana, la Mesa de Enlace nacional había expresado que la iniciativa se trata de "un nuevo impuesto que se suma a la larga lista de tributos, tasas y gravámenes, incluyendo los derechos de exportación, que viene pagando el sector, aumentando aún más una presión impositiva ya de por sí insoportable para el productor".
El mal llamado "impuesto a la riqueza", consideró la Mesa de Enlace, es "un tributo de carácter confiscatorio, que atenta contra la inversión, la incorporación de tecnología y la creación de empleo, en un momento en que la Argentina lo necesita desesperadamente".
Para el sector, este impuesto "no impactará solo en las grandes fortunas, dado que es un impuesto que grava a los activos, incluso aquellos afectados a la producción, y no tiene en cuenta la eventual existencia de deudas generadas para su incorporación al patrimonio".
En un gran porcentaje de los casos, aseguró, "los afectados por este impuesto, lejos de estar en una situación holgada, deban desprenderse de activos claves corno maquinaria agrícola o incluso tierras para poder hacer frente al nuevo gravamen".
También afectará la capacidad de invertir en paquetes tecnológicos adecuados, lo que disminuirá los rindes, la cosecha y, por tanto, la capacidad del sector para producir alimentos para abastecer los mercados internos y externos, estimó la entidad.
Y consideró que est "aporte" es en realidad "un verdadero impuesto a los activos, de asignación específica, que afectará la liquidez de los individuos y de las pymes de todo el país de todos los sectores de la economía".
Además, consideró que su título es "engañoso", ya que "sólo el 20% de lo producido por el impuesto se destinaría en forma exclusiva a gastos vinculados con la pandemia".
"En momento en que nuestro país requiere recuperar la credibilidad y previsibilidad para atraer inversiones internas y externas que apuntalen su castigada economía y tracciones su recuperación de la crisis, este nuevo impuesto lo único que logra es minar la confianza y las expectativas a futuro", concluyó el comunicado.