La huelga de los trabajados aceiteros y portuarios en reclamo de una recomposición salarial entra este miércoles en su segunda semana y pone en juego ingresos de divisas por alrededor de USD 1.700 millones. A esto se suma una serie de pérdidas por mayores costos logísticos y financieros.
Lejos de calmar las aguas, las diez horas de reunión que las partes mantuvieron en lunes en el ministerio de Trabajo, tensaron aún más la relación y ahora hay acusaciones cruzadas sobre el sentido político del conflicto.
El dato curioso: desde 2015 que no se vivía un paro de estas proporciones.
El paro por tiempo indeterminado comenzó el miércoles 9 diciembre, convocado por la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (Urgara) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Ftciodyara), al que luego se sumó el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del departamento San Lorenzo (SOEA). Para darle sentido a la catarata de nombres y siglas: están involucrados casi la totalidad de los trabajadores del sector.
El reclamo apunta a cerrar la paritaria iniciada en abril, que implicaba un aumento del 25% hasta agosto, cuando debía ser revisada de acuerdo con la marcha de la inflación. Tampoco hay acuerdo en la forma de pago de dos bonos por productividad y pandemia.
Sumando todas las fases de la negociación, el pedido de los trabajadores implica un aumento de enero a diciembre del 69%, mientras la industria ofrece 38%, aunque no todo remunerativo.
En detalle, el acuerdo cerrado en abril llevó el básico inicial de los trabajadores aceiteros a $ 69.000 hasta agosto. En la reapertura de la negociación, el pedio del gremio fue elevarlo a $82.000 a partir de septiembre y a $ 93.000 en enero 2021, que quedaría fijo hasta septiembre de 2021.
Por su parte, la industria ofreció tomar como base los $ 69.000 ya pactados y agregar tres meses de un aumento no remunerativo del 10%, llegando a $ 76.000. A partir de enero se irían trasladando las subas inflacionarias sobre esa base.
Acá surgió el primer conflicto, porque si bien los sindicatos se muestran dispuestos a aceptar esa suba del 10% para el último tramo de 2020, pidieron que los nuevos ajustes se hagan sobre la base de los $ 93.000 que reclaman para enero.
El segundo punto de conflicto surge por los bonos, el que los trabajadores cobran todos los años en concepto de productividad (en este caso el pedido es por $ 70.000) y un segundo bono por haber trabajado en condición de pandemia, por $ 90.000.
Aquí, la industria propone pagar el bono tradicional, ajustado por inflación.
El conflicto ya está teniendo consecuencias económicas y financieras, principalmente por los gastos diarios de no cumplir con los embarques pautados y la demora en el ingreso de dólares.
El vicepresidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), Guillermo García, puso precisión sobre lo proyectado a embarcar a principio de mes y lo que efectivamente se concretó a la fecha.
Según el ejecutivo, el sector planeaba exportar 6 millones de toneladas de granos y subproductos, de los cuales solo pudo embarcar 1,5 millones. Entre lo pendiente, los principales productos son:
Teniendo en cuenta el valor FOB de cada uno de estos productos, el paro está provocando una demora en embarques del orden de USD 1.700 millones.
Dicho de otro modo, al momento, el ingreso de divisas de diciembre se ve drásticamente reducido en relación a lo previsto.
De acuerdo, al relevamiento de CIARA, al 14 de diciembre se pudieron concretar exportaciones por solo USD 382 millones, muy por debajo de los USD 1.700 logrados durante todo el mes de noviembre.
A esto hay que sumar las pérdidas por pago de penalidades por la demora de los barcos sin poder cargar, de entre 15 y 20 mil dólares diarios.
A decir de la industria, en este momento hay 129 barcos esperando a cargar, lo que proyectado por la cantidad de días de paro da una cifra aproximada de USD 16 millones.
Y sin contar las complicaciones y mayores costos por los camiones que llegan a planta y no puede ser descargados, así como los que incurren los agricultores que en plena cosecha de trigo no puede enviar su producción al puerto.
A24.com Agro dialogó con las partes en conflicto y por el momento las posiciones se presentan como irreconciliables. La situación se agrava día a día y lo que comenzó como una medida de fuerza de 24 hs ahora es por tiempo indeterminado.
“Hoy no hubo ningún tipo de contacto. Estamos esperando la gestión del Gobierno porque en definitiva son los que median en el conflicto, pero no hubo nada aún”, dijo el titular de Ftciodyara, Daniel Yofra.
A su vez, resaltó el hecho que desde 2015 la federación que lidera “no hacía un paro”.
“Nos llama la atención que durante los cuatro años de Macri no tuvimos necesidad de hacer un paro porque CIARA aceptaba nuestras propuestas”, afirmó. Y recalcó que “siempre” hicieron “el mismo estudio para determinar la pauta de aumentos”.
“Nosotros no cambiamos sobre la marcha, los que cambiaron son ellos. Dicen que no tiene ningún interés político, pero no aceptaron nuestra propuesta”, subrayó.
Al respecto, Gustavo Idígoras, titular de CIARA, contraatacó: “En cuatro años de gestión de Macri, jamás la Federación pidió un bono de 180% de aumento (número que da la sumatoria de los dos bonos en relación a lo pagado el año pasado por uno solo), jamás pidió ir por encima de la inflación real y por lo tanto nos preguntamos qué motivo tiene para generar en un momento de crisis económica una situación que pone en riesgo la única fuente de ingreso de divisas del país”.
Por lo pronto, con el recurso de la conciliación obligatoria ya jugado, al Gobierno solo le queda la muñeca política para tratar de desactivar la situación.
Por el momento, las respuestas no aparecen y ante esa situación Yofra advierte: “Si no lo podemos solucionar ahora, esto va a ser peor. Ya nos pasó en 2015 cuando hicimos 25 días de huelga. Y ahora, el cien por ciento de la agroindustria está de paro”.
El ingreso de divisas para sostener la estrategia cambiaria del ministro Guzmán está en juego, se espera que los funcionarios entren en acción.
