La diputada nacional del Frente de Todos Susana Graciela Landriscini presentó un proyecto para que se derogue el decreto 820 del ex presidente Mauricio Macri, que desde 2016 flexibiliza la venta de tierras rurales con el objetivo de "favorecer la inversión extranjera".
Según la iniciativa, la legisladora rionegrina busca dejar sin efecto "la ampliación de posibilidades para inversores o adquirentes extranjeros", que se habilitó durante el gobierno de Cambiemos en la ley 26.737 de "Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierra Rurales", que regula la venta de ese recurso.
En un comunicado de prensa, Landriscini indicó que "Mauricio Macri modificó estos requisitos, con el objetivo de favorecer la inversión extranjera, de acuerdo a la fundamentación de ese entonces, en un marco de desregulación económica".
Asimismo, la legisladora explicó que la ley se aprobó en 2011 "para proteger la soberanía de los bienes naturales del país, considerando a la tierra rural como un recurso estratégico no renovable y buscando evitar su mercantilización y extranjerización; también corría el velo jurídico de las sociedades, permitiendo el análisis de la composición accionaria de las empresas, así como los capitales que las controlan".
La diputada señaló que "la ley establecía que los extranjeros que quisieran adquirir tierras rurales debían tramitar previamente un certificado de habilitación ante el Registro de Tierras y además, la normativa sancionada en 2011 fijaba un límite del 15% a toda titularidad de dominio o posesión a nivel nacional, provincial y sub provincial".
También disponía "un límite máximo de 1000 hectáreas por titular en zona núcleo (conjunto de distritos) y sus equivalencias en el resto de las provincias; la prohibición de adquirir tierras rurales que limiten o contengan cuerpos de agua de envergadura y permanentes; y estableció estrictos controles para evitar la extranjerización a través de la compraventa de acciones por medio de testaferros".
El proyecto presentado por Landriscini busca "derogar los principales cambios que introdujo el decreto sancionado durante el gobierno de Cambiemos, que permitió la ampliación de posibilidades para inversores o adquirentes extranjeros, al considerar como titular extranjero a quien posea más del 51% del capital social de una persona jurídica, mientras que en la anterior reglamentación era considerado a partir del 25%".
Así como "la eliminación de los controles cruzados de la Unidad de Información Financiera y la AFIP, que se habían dispuesto para prevenir el posible lavado de activos o la elusión fiscal mediante la adquisición de tierras; y la eliminación del límite del 15% del territorio nacional, provincial o municipal en las zonas industriales, y de las sanciones previstas en caso de incumplimiento de la ley".
Landriscini destacó que "lo que buscamos con este proyecto es restablecer en su plenitud el espíritu de la ley 26737 y las disposiciones que redundaron en la protección efectiva de los bienes naturales y de las comunidades que las habitan".
"Fue un hito en la defensa de los recursos naturales y la soberanía territorial y el objetivo del Proyecto es recuperar la iniciativa estatal a los efectos de garantizar la protección de la tierra rural, sin afectar los derechos adquiridos ni alterar el espíritu de la Constitución Nacional", concluyó.
Según se informó, el proyecto es acompañado por los diputados rionegrinos del Frente de Todos Martín Soria y Ayelén Sposito.
