De todos modos, hay reparos. En el sector entienden que la misma, reglamentada días atrás a través de la resolución 10/2021, y que establece plazos de entre tres meses y un año para que los frigoríficos se pongan a reglamento con la nueva normativa, tiene “doble estándar”. ¿Por qué lo dicen?
En CAMyA observan que algunos frigoríficos no cuentan con la capacidad para realizar las modificaciones que ahora pasarán a exigirse. “Cuando empiece a aplicarse habrá un incremento en los costos, tanto por logística como el transporte y los insumos”, adelantaron.
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La distribución de carne en media res es una práctica en la que el sector público y privado coinciden en dejar atrás. (Foto: Télam)
“Esta medida no será viable por cuanto introduce una profundización en el doble estándar sanitario al fijar plazos diferentes de adecuación a las plantas de tráfico federal, en relación con las provinciales y municipales. Eso requiere inversiones tanto en las plantas industriales como en la logística de distribución, y esto representa un claro impacto en los costos”, precisó Leonardo Rafael, presidente de CAMyA.
Y alertó: “Si los plazos de amortización son desiguales pondrán en distintas condiciones de competencia a los actores del mercado”.
El temor de los matarifes y abastecedores radica en la posibilidad de que la medida oficial “nivele para abajo” en la actividad.
“Algunos actores inescrupulosos del sector, seguramente minoritarios pero con fuerza suficiente para alterar el normal funcionamiento del mercado, buscarán sacar ventaja mediante la desinversión y la especulación sobre nuevos plazos y prórrogas”, graficó el titular de la Cámara.
“Ante este escenario, la medida tendrá como destino final el fracaso”, opinó.
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Leonardo Rafael, titular de CAMyA, alertó por alto grado de informalidad en las carnicerías y la sanidad de la carne.
La informalidad en las carnicerías, otro eje del debate
En CAMyA advirtieron que el grado de informalidad en carnicerías del Conurbano bonaerense asciende al 80%. “Hay muchas que ni siquiera tienen regularización impositiva, mucho menos se les podrá pedir un estándar sanitario, porque no tienen habilitación”, graficaron desde la entidad. Y apuntan a una posibilidad latente: que con el mayor grado de troceo se eleven los focos infecciosos.
“Al cortar la carne tenés más focos, y si hoy el Estado no puede controlar a la gran cantidad de carnicerías sin registrar que hay, ¿cómo podrá garantizar la sanidad en el troceo ante la gran marginalidad que hay en el sector? Es paradójico”, señaló Rafael en diálogo con A24.com Agro.
El temor radica en que dada la gran informalidad casi general que observan, dicha carne trozada en partes de hasta 32 kilos no tenga la debida información de destino que garantice el menor tiempo posible de traslado, lo que aumentaría el riesgo sanitario.
“Es peor la solución que el problema, porque hay muchísimas carnicerías sin habilitaciones. Primero hay que fijarse dónde está el comercio, blanquearlo y sobre eso ya se sabe entonces qué tipo de carne se le envía. Pero a esas carnicerías hoy no las pueden controlar. Es una locura”, advirtió Rafael.
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32 serán los kilos que podrán tener las nuevas piezas de carne para su distribución.
“Para el troceo es imperioso el compromiso de las autoridades locales”
Desde donde también salieron a expresarse por la implementación del troceo fue desde la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales de la República Argentina (FIFRA). Se trata de un espacio de empresas que comprende a zonas de gran volumen de consumo en Córdoba, Santa Fe, el Litoral y algunas ciudades del Noroeste.
“La implementación se debe hacer de manera uniforme en todo el país porque no hay argumentos para hacerlo de manera diferente. Si lo que se intenta proteger es la salud del trabajador no hay diferencias entre unos y otros”, expresaron desde la entidad presidida por Daniel Urcía.
Además, los empresarios cárnicos apuntaron a que para poder poner en funcionamiento el troceo “es imperioso el compromiso de las autoridades locales”. Y citaron ejemplos: “durante el año 2021 en la provincia del Chaco 45 mataderos faenaron al menos un animal lo que representó el 1,5% de la faena total del país. En tanto, en la provincia de Buenos Aires operaron 98 establecimientos que representaron el 50,9% de la faena total y más de la mitad dependen de la auditoría provincial”.
“En conclusión, se debe hacer obligatorio a nivel país o en su defecto implementar los medios mecánicos necesarios que aseguren la salud de los trabajadores”, estipularon.
