Política agropecuaria

Retenciones en la Justicia: para Julián Domínguez la Sociedad Rural quiere generar "un conflicto político"

El ministro de Agricultura sostuvo que los derechos de exportación continúan vigentes y que el Gobierno "no va a entrar" en el conflicto.
Para Domínguez
Para Domínguez, la presentación judicial de la SRA configura "un hecho político" que pretende "generar un conflicto" en el cual el Gobierno no va a entrar.

Domínguez objetó la postura de la entidad y advirtió que, desde el punto de vista jurídico, "sigue vigente y prorrogado el Presupuesto de 2021" y "ninguna de sus facultades se ha alterado", ya que con el decreto que extiende su validez "también se prorrogan todos los instrumentos recaudatorios".

Pero el Ministro fue más allá de lo legal y consideró que el reclamo de la SRA "es un hecho político", con el que se pretende "generar un conflicto en el que no vamos a entrar".

"Todavía no hemos salido de la crisis de la Covid-19 y tenemos muchos problemas como para generar nuevos", señaló Domínguez esta mañana en declaraciones a Radio 10.

Asimismo, enfatizó que el presidente Alberto Fernández le ha pedido a sus colaboradores que sigan "con una estrategia de desarrollo y de diálogo con todos los sectores".

En ese sentido, puso de relieve la invitación al presidente que le formularon los organizadores de Expoagro, cuya edición de 2022 en la localidad bonaerense de San Nicolás.

La posición de la Sociedad Rural Argentina

El lunes, la SRA y la Sociedad Rural de Jesús María presentaron ante la Justicia de Córdoba una demanda por inconstitucionalidad del cobro de retenciones en 2022, por entender que las mismas, "al caer la ley de Emergencia y no aprobándose el Presupuesto, a partir del primero de enero deberían ser cero".

"El 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente de la Nación reglamentar las alícuotas del tributo. La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por dos años de esa facultad, priva de sustento legal a los derechos de exportación exigidos con posterioridad a la fecha mencionada", planteó la entidad presidida por Nicolás Pino.

La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, a la que hace mención la SRA y que venció el 31 de diciembre de 2021, establecía que, "en el marco de las facultades acordadas al Poder Ejecutivo nacional mediante los artículos 755 y concordantes de la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias, se podrán fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar en ningún caso el 33% del valor imponible o del precio oficial FOB".

Así, la soja llegó a ese porcentaje, mientras que para maíz y trigo el tributo máximo se estableció en 15%, aunque hasta el momento el mismo no superó el 12%.

Cabe mencionar que las retenciones o derechos de exportación de productos agropecuarios representaron en 2021 ingresos al Estado nacional por $ 963.117 millones, un 148,5% más que en 2020, y significaron el 8,75% de todos los ingresos tributarios.