"La mayor actividad de los puertos de la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca y Necochea, es consecuencia de la emergencia hídrica del río Paraná, lo que ha aumentado los costos logísticos en un 300% y producido importantes demoras por el desvío de carga desde el Gran Rosario hacia los puertos bonaerenses", expresaron desde CIARA.
Por eso, entienden que el bloqueo en Bahía Blanca declarado por transportistas autoconvocados "fue un recurso extorsivo tanto para la exportación como para el Gobierno", necesitado del ingreso de divisas.
"Se han efectuado las denuncias correspondientes ante las autoridades, aún sin respuesta", explicaron. "Fue absolutamente ilegal", aseguró Gustavo Idígoras, presidente de CIARA y CEC.
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Gustavo Idígoras, titular de CIARA.
"Es necesario -subrayó- que el gobierno provincial actúe rápidamente para garantizar la libre circulación. Somos víctimas de un conflicto ajeno donde un grupo de camioneros no agremiados impiden que los demás camioneros puedan ingresar a los puertos con granos", agregó durante la persistencia del conflicto, esta semana.
El bloqueo había comenzado el 30 de julio por 48 horas y se extendió en forma ilimitada durante cinco días. "El daño económico para el país es enorme. Suman 11.000 los camiones que no ingresaron a puerto y que se contabilizan como perdidos, hay 40 buques esperando para cargar 1.200.000 de toneladas de maíz, trigo y harina de soja, entre otros", sostuvo Idígoras previamente al desenlace.
La preocupación en CIARA tuvo que ver con que además de perder previsibilidad como exportador, el Estado pierde 400 millones de dólares en divisas por la situación que definieron como "anárquica".
"Realizadas las denuncias correspondientes, no se obtuvo ninguna respuesta alguna y ningún funcionario se ha sentado aún con los manifestantes. Es crítico que los Gobiernos nacional y provincial realicen acciones inmediatas para garantizar la libre circulación en el importante puerto de Bahía Blanca y asegurar la exportación", habían dicho desde CIARA.