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"Cometí un error", el funcionario de Economía reconoció que no declaró siete departamentos en Estados Unidos

Según reveló Nicolás Wiñazki, el propio funcionario reconoció la irregularidad y aseguró que ya inició la rectificación ante los organismos correspondientes.

22 de abril de 2026 - 22:17
Cometí un error, el funcionario de Economía reconoció que no declaró siete departamentos en Estados Unidos

La obra pública volvió a quedar bajo la lupa tras una denuncia que involucra a un funcionario del gobierno de Javier Milei por presuntas inconsistencias en su declaración patrimonial. El apuntado es Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, a quien se le atribuye haber omitido en su declaración jurada de bienes siete departamentos de lujo en Miami, Estados Unidos.

El periodista de WiFi, Nicolás Wiñazki, había dado la primicia este martes por la noche. Mientras que en el programa de este miércoles reveló que habló con el funcionario involucrado. "Es todo verdad. Cometí un error", contó Wiñazki que le confirmó Frugoni y dijo que le pidió que aclare que "él estaba rectificando su declaración jurada e incluso su declaración ante la AFIP porque en los Estados Unidos pagó impuestos por estos siete departamentos".

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De acuerdo a lo expuesto por Wiñazki, los inmuebles habrían sido adquiridos a través de dos sociedades constituidas en ese país, Genova LLC y Waki LLC, que estarían vinculadas al funcionario. La presentación judicial también menciona cuentas bancarias en el exterior que no habrían sido declaradas.

Los departamentos mantienen un valor cercano a los US$200.000 cada uno.

La obligación de declarar

La Ley de Ética Pública establece que los funcionarios deben presentar anualmente una declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, en la que deben incluir todos sus bienes, tanto en el país como en el exterior, así como su participación en sociedades.

El incumplimiento de esta obligación, mediante la omisión de bienes, puede constituir el delito de omisión maliciosa, que prevé penas de hasta dos años de prisión y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

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