La investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete volvió a poner el foco en sus vacaciones en Aruba, donde los hoteles fueron pagados en dólares y en efectivo. La suma total que pagó.
La Justicia investiga pagos en efectivo por casi US$15.000 en su viaje a Aruba. (Foto: captura).
Nueva información sobre la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito vuelve a poner en el centro de la escena los viajes del funcionario al exterior. Se trata de las vacaciones que el ministro coordinador pasó junto a su familia a fines de 2024, cuya estadía en hoteles de lujo habrían sido pagados en efectivo, por una suma de US$8.874.
Adorni viajó a Aruba junto a su mujer, Bettina Angeletti, y sus dos hijos a fines de 2024. Primero se alojó en el Embassy Suite by Hilton Aruba Beach, del 29 de diciembre hasta el 3 de enero de 2025; y después en el Dividage Village Resort, del 3 al 9 de enero. La suma total por la estadía en ambos hoteles llega a US$8.874, según revelaron en exclusiva fuentes judiciales a A24.
Los periodistas aclararon que en el primer hotel se pagó un all inclusive pero que en el segundo no. Eso implica que las cenas y los almuerzos en el último alojamiento fueron abonados también en efectivo porque "no aparecen gastos con la tarjeta" en ese período.
Al pago por los hoteles se le agrega los cuatro vuelos que, según ya estaba consignado en la causa por el fiscal Gerardo Pollicita, costaron US$5.822. La suma por el total del viaje asciende entonces a US$14.696.
En paralelo, el periodista Martín Angulo, señaló que durante el viaje a Estados Unidos con la comitiva presidencial para participar de la Argentina Week tampoco se registraron gastos con la tarjeta de crédito de Adorni ni su mujer. "La sospecha es que todo fue en efectivo", indicó Angulo sobre la investigación judicial.
Además, en WiFi recordaron que Adorni en declaraciones a A24 había asegurado que en ese viaje no había cobrado viáticos y que los gastos de él y su esposa salían de su bolsillo.
Por su parte, en los movimientos bancarios de Adorni también se registraron cobros en criptomonedas antes y después de asumir como funcionario del Gobierno libertario.
Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento de Caballito al jefe de Gabinete Manuel Adorni, declaró ante la Justicia que el funcionario aún mantiene una deuda de US$65.000 correspondiente a refacciones realizadas en el inmueble.
El testigo, quien fue señalado como amigo de Adorni,, explicó ante el fiscal Gerardo Pollicita que fue quien articuló la compraventa de la propiedad ubicada sobre la calle Miró. Señaló además que conoce a Adorni porque sus hijos asisten al mismo colegio.
Durante su exposición, que se extendió por una hora, Feijoo respondió sobre uno de los puntos centrales de la investigación: el valor final de la operación. Según indicó, acordó con el exfutbolista Hugo Morales un precio de compra por US$200.000, pero aseguró que el departamento requería múltiples arreglos. Esas obras, afirmó, demandaron una inversión adicional de US$65.000.
De acuerdo con su versión, el costo total de la propiedad ascendió a US$295.000. Detalló que Adorni entregó US$30.000 en efectivo, que otros US$200.000 fueron cubiertos mediante una hipoteca y que los US$65.000 restantes corresponden a una deuda “acordada de palabra”, sin documentación respaldatoria ni plazo de pago definido.
Feijoo también sostuvo que su madre, Beatriz Viegas, y su socia Claudia Sbabo se dedican a la compra, refacción y reventa de inmuebles, lo que explicaría las ganancias obtenidas en pocos meses. Ambas no solo intervinieron como propietarias, sino también como acreedoras de la hipoteca por US$200.000, otorgada sin interés y con un plazo de devolución de un año. El acuerdo contempla que, en caso de incumplimiento, el inmueble debe ser restituido.
La investigación judicial también abarca otras propiedades vinculadas al funcionario. Entre ellas, una casa en el country Indio Cua, registrada a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. Allí se realizaron trabajos a cargo del contratista Matías Tabar, de la firma Grupo AA, quien fue citado a declarar el 24 de abril en Comodoro Py para detallar los costos de las obras.
En la misma línea, el fiscal convocó al expropietario de esa vivienda, Juan Ernesto Cosentino, quien deberá presentarse el 27 de abril ante los tribunales.
Estas medidas forman parte de una serie de diligencias orientadas a reconstruir el circuito de las operaciones inmobiliarias y analizar la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.