Fintech y criptomonedas: siguen las repercusiones por la normativa que impuso el Banco Central contra las billeteras digitales, como Ualá, que pagó las consecuencias. (Foto archivo)
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En los primeros días de mayo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sorprendió al mercado fintech y a la industria de las criptomonedas con el anuncio de una normativa perjudicial para el sector, con repercusiones inmediatas por parte del ecosistema fintech y cripto.
En un comunicado, publicado el 4 de mayo, la entidad informaba que los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (PSPCP) no podrán realizar ni facilitar a sus clientes las operaciones con activos digitales, incluidas las criptomonedas u otros criptoactivos, no regulados por la autoridad nacional competente y autorizados por el BCRA.
De esta manera, y en pocas palabras, prohibía a las billeteras digitales como Mercado Pago, Ualá o MODO, entre otras, la comercialización de Bitcoin o cualquier otra criptomoneda.
De inmediato, referentes del sector, como la Cámara Argentina Fintech, criticaron la normativa del BCRA. “Medidas como la Comunicación A7759 obstaculizan y atentan contra el progreso y la libre elección de los ciudadanos que buscan alternativas para proteger su poder adquisitivo en un contexto de acelerada inflación”, sostenía la organización en un comunicado.
Desde la ONG Bitcoin Argentina, uno de sus fundadores, Rodolfo Andragnes, sostuvo que "cada vez más, el status-quo y los Estados intentan opacar con regulaciones las oportunidades que abren la libertad monetaria y los modelos de transparencia descentralizados basados en Blockchain”. Por supuesto, la controversia no quedó ahí.
Pocos días después del anuncio del BCRA, llegaron las primeras consecuencias negativas para la industria fintech y las criptomonedas en particular.
Ualá, la segunda billetera digital del país, comunicó que deja de operar con Bitcoin y Ether. “Nos vemos obligados a suspender la posibilidad de operar cripto", informó la fintech que lidera Pierpaolo Barbieri en un breve comunicado a sus clientes.
De esta manera, sus 300 mil usuarios deberán vender en un plazo de 30 días las criptomonedas que tengan almacenadas en la billetera digital.
No obstante, aseguró que "quienes tuvieran plata invertida en cripto recibirán una compensación económica del 5% sobre el monto vendido luego de la liquidación de sus tenencias como reconocimiento por haber confiado en nuestra propuesta".
Por su parte, Prex, otra billetera digital afectada por la normativa del Central, también siguió el camino de Ualá.
Si bien por el momento no se han informado otras decisiones similares, en el ecosistema fintech se rumorea que la inesperada norma del BCRA buscaría evitar que Mercado Pago, la principal billetera digital del país, incluya las criptomonedas en su oferta de inversiones, como ya lo hizo en México y Brasil.
Por otro lado, la medida dispuesta para la Argentina no pasó desapercibida en el mundo.
Sobre la prohibición a las plataformas fintech para ofrecer productos cripto, la consultora sobre blockchain, Chainalysis, con presencia en más de 60 países, expresó: “Si los reguladores argentinos tienen como objetivo proteger a los consumidores, es poco probable que esta última medida sea una estrategia eficaz para hacerlo”.
De hecho, Caroline Malcolm, VP Global de Política Pública de la firma, explicó que “esta medida podría reducir la seguridad de los argentinos, que ya se enfrentan a importantes presiones económicas”.
Además, recordó que los datos son muy claros: “Las prohibiciones o cuasi prohibiciones no funcionan, y en muchos países en los que existen prohibiciones, hemos observado un aumento de la adopción y el uso de activos digitales”.
En ese sentido, señaló que la preocupación por las actividades ilícitas con activos digitales “se aborda con mayor eficacia mediante el empleo de herramientas que permitan un seguimiento eficaz de las transacciones y el rastreo y persecución de los delincuentes”.
Por último, remarcó que “esta relevante labor puede llevarse a cabo en colaboración entre los sectores público y privado” y no dudó en ofrecer a la consultora para “ayudar a los reguladores a conectar estos puntos”.
