"En peronia está prohibido": el picante tuit del dueño de Mercado Libre contra el BCRA

Esa simple pregunta fue el pie para que el empresario explicara la causa por la que las transacciones a través de criptoactivos en su plataforma local no siguen la misma línea que en México y Brasil.

¿Criptomonedas prohibidas en Argentina?

Por supuesto que no. Lo que pasa es que, en el país, las billeteras virtuales no pueden operar con criptomonedas debido a que, en el mes de mayo pasado, el BCRA publicó una nueva disposición que impide a las fintechs realizar y/o facilitar operaciones con criptoactivos. Es decir, no podrán tener disponibles botones de compra automatizados para el usuario.

De hecho, el tuit de Marcos Galperin reflotó el debate sobre el alcance del “cepo” o control de capitales que también alcanza a los criptoactivos, una de las vías de pago y ahorro que viene ganando mercado en todo el mundo, pero que en Argentina padece las restricciones oficiales.

Qué dice la normativa del BCRA para las fintechs

A través de la Comunicación “A” 7759, dirigida a los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago, la entidad monetaria explicó que “los PSPCP (Proveedor de servicios de pago que ofrece cuentas de pago) no podrán realizar ni facilitar a sus clientes la realización de operaciones con activos digitales -incluidos los criptoactivos y aquellos cuyos rendimientos se determinen en función de las variaciones que esos registren- que no se encuentren autorizados por una autoridad reguladora nacional competente ni por el Banco Central de la República Argentina”.

Esta normativa entró en vigencia este año y no sólo impide efectuar ese tipo de operaciones u ofrecerlas desde sus aplicaciones y plataformas, sino que, además, las personas interesadas deberán hacer la operación por su cuenta.

Según el BCRA, la normativa “anti cripto” equipara al sector fintech con la industria financiera, que fue impedida de realizar el mismo proceso en mayo de 2022. El objetivo, según informaron desde la entidad que encabeza Miguel Pesce, busca “mitigar los riesgos que las operaciones con estos activos podrían generarles a las personas usuarias de servicios financieros y al sistema nacional de pagos”.