Bitcoin: Ricardo Mihura, en su presentación durante el panel de regulación sobre criptomonedas en LABITCONF 2023. (Foto ONG Bitcoin Argentina)
En el primer día de LABITCONF 2023, la conferencia sobre criptomonedas más importante de Latinoamérica, Ricardo Mihura, presidente de la ONG Bitcoin Argentina, presentó el anteproyecto de ley que se elaboró en la asociación civil que agrupa a la comunidad bitcoiner para dar un marco legal a la operación con Bitcoin (BTC) y otros criptoactivos.
“Siempre hemos rechazado los intentos de regulación de la criptoeconomía, pero esta vez nos pusimos como meta dar una respuesta positiva, con sólo dos propósitos: preservar la descentralización y proteger el ahorro y la confianza del público”, adelantó Mihura. Y remarcó: “No podemos cerrar los ojos ante la cantidad de actores y proyectos deshonestos que circulan con la marca blockchain”.
En el escenario principal de la conferencia sobre Bitcoin y criptomonedas, se conformó un panel con conocidos referentes de la industria: Diego Gutiérrez Zaldívar (IOV Labs), Juan Pablo Fridenberg (Lemon), María Sol Mas (Matba Rofex) y el economista Prof. Manuel Calderón (UTDT); invitados por los organizadores para debatir la propuesta de la ONG.
Luego de señalar que los motores filosóficos de la propuesta son la mínima intervención en la libertad, el realismo pragmático y la tutela judicial a instancia de parte, en lugar de la policía preventiva de oficio, Mihura explicó los lineamientos principales del proyecto.
“El primer artículo declara que protege la propiedad y derechos sobre Bitcoin todos los criptoactivos, y contempla tres categorías de plataformas de prestación de servicios y de criptoactivos: descentralizados, centralizados locales o dispuestos a dialogar con las autoridades, y centralizados globales”.
Bitcoin y las categorías “descentralizadas” quedan fuera de la competencia regulatoria de la autoridad de aplicación. Se las considera moneda sin curso legal y se reconoce el derecho de operar con ellas en libertad y desarrollarlas.
En ese sentido, la responsabilidad de operar con criptoactivos y plataformas descentralizados es exclusivamente de sus usuarios. “Y esto no es porque la descentralización sea una palabra mágica, sino porque la descentralización elimina el riesgo moral, porque permite a las partes interactuar en forma directa y con la seguridad objetiva que brinda el código”, destacó Mihura.
Por su parte, las categorías centralizadas locales, o “con licencia”, se las prevé enmarcar en reglas normales de requisitos de calificación y de supervisión administrativa, y se las incentiva o “premia” con el acceso al sistema bancario y de pagos para sí y para sus clientes; la aplicación de normas generales sobre responsabilidad civil no objetiva; y la independencia patrimonial de las reservas.
“Me parece bien que se permita a los exchanges mantener la independencia de sus reservas, y tenerlas en forma autónoma y no en plataformas de depósito colectivo. Es congruente con las características de la blockchain”, mencionó Sol Mas, cuando inició el debate entre quienes integraban el panel.
A su turno, Juan Pablo Fridenberg señaló que los incentivos parecen muy influenciados por el contexto actual que está distorsionado por resoluciones regulatorias del último año, en referencia a las prohibiciones que lanzó el Banco Central a los bancos y a los PSP para operar criptoactivos para sus clientes.
En tercer orden, respecto de la categoría de criptoactivos y servicios centralizados globales o “sin licencia”, se les permite operar libremente, pero se los desincentiva mediante hacer responsables solidarios por sus riesgos a todos los que los operen o promuevan, y a sus administradores. Se les otorga a los usuarios la protección judicial más amplia posible, garantizando el derecho a reclamar por daños derivados de incumplimientos y de hacerlo ante la jurisdicción local de su domicilio.
En otro tramo del debate, Mihura se manifestó contrario a establecer prohibiciones para actuar: “Ni siquiera Estados Unidos puede prohibir en forma efectiva la operación de la criptoeconomía no licenciada. Apenas logra multar a algunos, espantar a otros y mover el resto a la informalidad”, dijo.
Y continuó: “Argentina no tiene ninguna posibilidad de prohibir a sus residentes operar en entornos globales. Creemos que no tiene sentido proponer una prohibición de arriba hacia abajo y optamos por proponer lo mejor que puede ofrecer el derecho a sus ciudadanos: el derecho a reclamar ante un juez, a los responsables de provocarles un daño concreto y real. Y ello incluye a los responsables directos y a todos los que lucran en la cadena de comercialización de un fraude, hasta el damnificado final”.
Además, puntualizó que “la decisión final sobre si un determinado criptoactivo o plataforma es o no realmente descentralizado (si no lo es, rigen las responsabilidades solidarias para quienes las operan y promueven, salvo que opere con licencia), la tiene el juez en el caso concreto, en oportunidad de resolver un reclamo de un usuario damnificado contra alguna persona demandada como responsable solidario”.
Así, el eje del proyecto quedó marcado en la distinción entre la descentralización y la centralización; y en quienes se enmarquen voluntariamente en un estándar regulado, y quienes opten por operar fuera de ese marco.
Gutierrez Zaldívar añadió: “La descentralización no es booleana. Bitcoin está en uno de los extremos. Cada plataforma tiene un ciclo de vida, y todo proyecto comienza centralizado. Incluso Bitcoin nació centralizado. Los incentivos y el desarrollo económico los va descentralizando a medida que se suman actores”.
Con relación a esto último, un subgrupo de criptoactivos de emisión centralizada que se contempla especialmente es el que conforman los nuevos proyectos que van hacia la descentralización. En este sentido, se prevé un régimen de licencia simplificado, con foco sólo en la transparencia y no en requisitos patrimoniales o de gestión. De esta forma, los nuevos proyectos podrán transitar hacia la descentralización sin asumir riesgos regulatorios excesivos.
Por su parte, el economista Manuel Calderón coincidió con la razonabilidad de la propuesta y señaló que la confianza se puede ganar mediante el prestigio y el buen cumplimiento, mediante la autorregulación o la regulación externa. “En la propuesta coexisten los actores que construyen su propio crédito con quienes lo adquieren por adecuarse a un marco regulado, y pueden competir perfectamente”, aclaró.
Finalmente, el presidente de la ONG Bitcoin Argentina agradeció el debate en torno al anteproyecto presentado, y anunció que de esa manera comenzaba un proceso de debate público para desarrollar el mejor proyecto posible de marco legal para la criptoeconomía.
